El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentará un recurso de amparo a favor de la comunidad We Newén, del werkén Alejandro Treuquil, quien fue asesinado con un arma de fuego la madrugada del viernes en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.
Las acciones legales emitidas dicen tener relación con procedimientos policiales que afectaron a la comunidad desde el 13 de mayo y que fueron relatados el 21 del mismo mes a los abogados del INDH, quienes establecieron que habían varios miembros de la comunidad heridos con perdigones y granadas con gases lacrimógenos.
El jefe del INDH en La Araucanía, Federico Aguirre, confirmó que se interpondrá un amparo preventivo por hechos, que de acuerdo con los testimonios, son claramente de carácter delictual.
"Con motivo de esos antecedentes nosotros logramos informes y estamos estudiando la posibiiidad de interponer proximamente un amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Temuco. Deducir ciertas denuncias porque hay hechos que claramente son constitutivos de delitos y eventualmente también ejercer acciones penales", anunció.
"Insisto, estos testimonios dicen relación con las situaciones de vulneración de derechos que recibimos respecto con operativos policiales relacionados con la comunidad", explicó.
Según informó uno de los abogados de la institución que vela por los derechos de lesa humanidad, aún no poseen antecedentes que den cuenta que en el crimen del dirigente mapuche haya habido participación de agentes del Estado.
El werkén de 37 años murió tras ser baleado en el cuello, mientras que sus tres acompañantes resultaron heridos de bala: un menor de 14 años, de iniciales C.H.S, y los jóvenes Cristián Castro Cisternas (18) y Christopher Mariangel Iturra (19), quien ya salió del coma inducido en que se encontraba en el Hospital de Los Ángeles.
Según los primeros antecedentes del hecho, que investigan la PDI y el Ministerio Público y que aún no tiene detenidos, los cuatro comuneros estaban buscando un caballo que les había sido robado cuando fueron emboscados y atacados por grupo de cerca de 15 civiles encapuchados.
Según explicó el INDH a Cooperativa Regiones, la comunidad We Newén mantiene ocupado desde hace 7 años un predio sobre el cual reivindican derechos ancestrales y que actualmente es propiedad de la empresa eléctrica Frontel.
