La empresa Tobar y Tobar presentó un recurso de protección en contra del intendente Roberto Erpel, tras la terminación anticipada del contrato para proveer de 22.375 cajas de alimentos, en el marco de la ayuda solidaria que el Gobierno reparte a nivel nacional para paliar la crisis por Covid-19.
La medida fue adoptada luego que la Contraloría representara el pasado 12 de junio la resolución N°42 del pasado 22 de mayo, que aprobaba la suscripción del contrato entre la intendencia y la empresa, por un total de 899.781.250 pesos.
El argumento de la acción se basa en la letra "H" de la cláusula décimo primera del contrato, justificando la medida como "acto de fuerza mayor". Sin embargo, Pedro Tobar, representante de la empresa, señaló que dicha cláusula no contiene apartado "H", lo que produce un "acto administrativo arbitrario e ilegal".
"Tanto la decisión unilateral de la Intendencia Regional de 'suspender la entrega de canastas familiares' comunicada mediante Oficio sin número de 13 de junio de 2020; como la decisión de poner término anticipado al contrato constituyen los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, que motivan el presente recurso", argumenta Tobar.
Por tal motivo, la empresa exige la reanudación del servicio contratado por la intendencia. "Se deja constancia que las primeras 500 cajas, ya se habían entregado antes de la suscripción del contrato, los días 15 y 18 de mayo de 2020, atendida la urgente necesidad para destinarlo a lo más necesitados", recalcó Tobar.
