La Fiscalía de Atacama informó que realizó gestiones para conseguir que el FBI de Estados Unidos (Oficina Federal de Investigaciones) lleve a cabo una importante diligencia investigativa en la causa del fallecimiento de Marta Bustos, una mujer de 29 años que fue encontrada semienterrada a un costado de la línea férrea de la comuna de Huasco en diciembre del año 2016.
La vocera de la institución, Rebeca Varas, indicó que este caso ha resultado especialmente complejo de indagar, por distintos aspectos que dificultan la obtención de antecedentes, pero la Fiscalía ha agotado los recursos con los que cuenta para obtener medios de prueba que lleven a imputar el deceso a la mujer a un responsable.
"La investigación que dirige la Fiscalía Local de Freirina cuenta ya con prueba indiciaria respecto de la muerte de la víctima, además de seguir una hipótesis en relación a su responsable". Sin embargo, "por ahora, no resultan del todo contundentes para imputar el delito ante el Juzgado de Garantía", explicó la abogada Varas.
"La Fiscalía de Atacama, con el apoyo de una Unidad Especializada de la Fiscalía Nacional, pudo gestionar que sean expertos del FBI en Estados Unidos los que se encarguen de realizar esta pericia. Esto permitió que la evidencia fuera enviada al mencionado país, estando en la actualidad a la espera de esos resultados", señaló.
La vocera de la Fiscalía Regional de Atacama añadió que, una vez recepcionados los resultados de la prueba que realizará el FBI, se procederá a realizar los análisis jurídicos respectivos para tomar las decisiones que correspondan en materia de persecución penal.
Investigación paralela
En paralelo, la Fiscalía de Vallenar mantiene una investigación vigente y en su etapa final en contra de un médico del hospital local, quien luego del hallazgo del cuerpo de Marta Bustos, no realizó la autopsia solicitada por el fiscal.
El profesional había informado a la Fiscalía que el deceso se debía a causas naturales. Por ello fue formalizado por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Esto hizo que el fiscal del caso ordenara una segunda necropsia, esta vez en el Servicio Médico Legal en Santiago, examen que reveló la intervención de terceros en la muerte.
