Fiscal regional de Aysén se opone a que causa por fraude FAM se traslade a la justicia militar
Fiscal Militar cuestionó la competencia del Ministerio Público solicitando que la ministra, Romy Rutherford, asuma la causa.
Cifra de imputados supera las 800 personas, 270 de ellas militares en servicio activo.
Entre enero y febrero la Fiscalía regional de Aysén tiene programadas más de 700 tomas de declaraciones por el eventual fraude.
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El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se refirió a la investigación que lleva adelante por el fraude en la IV División del Ejército, vinculada al Fondo de Ayuda Mutua, y en la que se estima que a través del "Plan de Cultura y Clima Organizacional" se desviaron cerca de 3000 millones de pesos del fisco para pagar a los más de 500 suboficiales que perdieron los dineros invertidos en el sistema privado FAM.
Ahora la investigación se encuentra nuevamente trabada, esta vez, por la solicitud realizada por el fiscal militar, Luis Araya, y respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, para que la ministra en visita, Romy Rutherford, asuma la causa.
"Si la Corte decidiera que ella es la competente, nosotros vamos a trabar la competencia y tendrá que ser resuelto por la excelentísima Corte Suprema" señaló el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien agregó que "me parece increible la decisión del fiscal militar de pedir esta competencia, de llevar un asunto que es completamente ordinario para ser resuelto por la justicia militar, porque no corresponde"
En la causa, el Ministerio Público, mantiene en calidad de imputados a más de 800 personas, 270 de ellas militares en servicio activo. A juicio del persecutor regional, la justicia castrense no es la competente para este tipo de investigaciones.
"Imagino que está muy de la mano de lo que ha salido en los medios y es muy probable que sea un error basado en que no poseen toda la información. Se trata de delitos comunes, se trata de delitos cometidos también por civiles y que por ende debe ser competencia de la justicia ordinaria. El error fáctico, por desconocimiento, ha llevado a una petición que espero que no prospere porque le haría un grave daño a la justicia" agregó Palma.
Por su parte, el abogado Lorenzo Avilés, quien representa a un grupo de suboficiales afectados por el FAM, cuestionó que "en el sistema antiguo solamente hay absolución, condena o sobreseimiento; en cambio, en el sistema moderno, aparte de eso están las salidas alternativas -acuerdos probatorios o suspensiones condicionales".
"Entonces, al quitarnos esas dos posibilidades, nos acomoda mucho más el sistema actual, que el de Justicia militar", remarcó.
La competencia de la Fiscalía Regional de Aysén se ha discutido en dos oportunidades anteriores, en 2018 una solicitud similar de traspasar la causa a la justicia militar, que fue rechazada y luego la petición de trasladar la causa a Santiago, la que tampoco prosperó.
Responsabilidades diversas y diligencias en curso
La investigación iniciada en 2018, tiene hasta el minuto un numero superior a los 800 militares investigados en calidad de imputados, aún no formalizados. De ellos más de 500 corresponden a suboficiales que perdieron sus dineros invertidos en el Fondo de Ayuda Mutua y que se vieron beneficiados por algunas de las 12 vías remediales contempladas en el Plan de Cultura y Clima Organizacional.
"Si uno lo mira desde arriba, el reproche a la conducta realizada por ellos podría ser menor, porque no es lo mismo ese caso que el que decidió, el que planeó el fraude, sacar los fondos del Estado. Analizando caso a caso, es muy probable que algunos o la mayoría obtengan, luego de ser formalizados, salidas alternativas, devolviendo por ejemplo el dinero que recibieron indebidamente" señaló el fiscal Palma.
Dentro de los imputados hay un segundo grupo en el que se incluye a tres comandantes en jefe del Ejército del periodo investigado: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo ;y a otros altos oficiales como el actual director nacional de la Onemi, Ricardo Toro, quien en 2008 era jefe del Departamento de Personal del Ejército.
Según explica el fiscal regional de Aysén la situación "es distinta para la gente que diseñó, decidió y ejecutó esto, que en definitiva podríamos decir que crearon una máquina para defraudar al fisco. Crearon el Plan de Cultura y Clima Organizacional, le pusieron nombre y diseñaron formas para sacar platas del Estado para solucionar problemas de particulares, su reproche es completamente distinto al de los beneficiarios del FAM".
Durante los próximos días, la Fiscalía regional de Aysén, comenzará con la toma de 700 declaraciones, programadas entre Enero y Febrero, derivadas de los antecedentes recopilados tras la incautación de documentos realizada a fines de 2020 desde recintos militares en Santiago y Coyhaique.