Los hechos ocurrieron en octubre de 2020 en la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía.
Corte de Temuco confirmó, en forma unánime, la resolución del Juzgado de Garantía.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó este sábado una impugnación presentada por la defensa del teniente del Ejército imputado, junto con otros ocho subordinados, por el delito de tortura contra un grupo de jóvenes mapuche en la Región de la Araucanía, durante el horario de toque de queda decretado por la epidemia del Covid-19, y ratificó su prisión preventiva.
En fallo unánime, la Sala de Turno del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada el pasado 24 de mayo por el Juzgado de Garantía de Collipulli que decretó el ingreso en prisión preventiva del oficial -identificado con las iniciales J.A.S.C.- por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
"La resolución viene a confirmar la gravedad de los hechos denunciados por estos cinco jóvenes y la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía, que se orienta en los correcto, en la medida de que ninguno de los militares ha contribuido a esclarecer los hechos, así como tampoco la institución militar", explicó Federico Aguirre, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa.
Según el Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar el 13 de octubre de 2020 en la ciudad de Collipulli, cuando faltaban pocos días para cumplirse el primer aniversario del estallido social, que se conmemoró con marchas en todo el país.
Las víctimas -tres hombres y dos mujeres- fueron sorprendidas por una patrulla del Ejército, a cargo del teniente e integrada por otros 10 efectivos militares, que les obligó supuestamente a trasladarse a un bosque para simular un fusilamiento, de acuerdo a la Fiscalía.
"A tierra, a tierra", fueron los gritos que, relataron las víctimas, precedieron a su detención.
Los uniformados amarraron con esposas a las víctimas para subirlas al camión militar y trasladarlas a un bosque donde sufrieron torturas y amenazas, dijo el ente persecutor.
Los jóvenes señalaron que fueron obligados a arrodillarse mientras eran apuntados con armas, fueron rociados con un líquido al que algunos militares se refirieron como bencina, y sufrieron un fusilamiento ficticio.
De los 10 militares, la Justicia decretó prisión preventiva para nueve de ellos por torturas, un delito que se pena con entre cinco y 10 años de cárcel, y estableció un plazo de tres meses para la investigación.
El caso llevó al Gobierno a rechazar el miércoles las violaciones a los derechos humanos. "Repudiamos cualquier hecho que pueda tener vinculación con la violación de derechos humanos. Creemos que en esta materia está avanzando la justicia y hay que entregar toda la información", señaló el ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
