Este martes se inician los alegatos en el juicio oral por el caso de fraude al Fisco en el municipio de Chillán Viejo, luego de que en la segunda jornada continuara la lectura de la acusación para los diez imputados y el tribunal finalmente rechazara la presentación de la declaración de una mujer fallecida, como testigo de la Fiscalía.
Se trata de la declaración de Marta Mardones, dueña de una pastelería y fallecida en abril de este año que, a juicio de los abogados Ricardo Robles (defensor del ex administrador Ulises Aedo) y Rodrigo Vera (de la empresaria Silvana Ríos) no correspondía por tratarse de un testimonio que entregó en su oportunidad a la PDI en calidad de imputada y no de testigo.
Tras un largo receso, los jueces finalmente resolvieron anular la presentación de la declaración escrita, lo que significó un nuevo revés para el Ministerio Público, que el viernes ya había recibido el rechazo de otros dos testimonios de testigos que se encuentran en el extranjero.
El fiscal Álvaro Serrano señaló que "si alguna vez se le investigó como imputada y se le dejó de lado, pasa a ser una testigo, debido a que no fue formalizada ni acusada, por lo tanto respetamos la resolución del tribunal, pero no la compartimos en lo más mínimo".
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, que actúa como querellante, buscan responsabilidades por la supuesta pérdida de 82 millones de pesos desde las arcas municipales, entre los años 2011 y 2013. Para ello, cuentan con cerca de un centenar de testigos y peritos, y más de 200 medios de pruebas, motivo por lo cual se espera que sea un juicio extenso.
Administrador Municipal desmiente al Fiscal
En otro ámbito, el actual administrador de la Municipalidad de Chillán Viejo, Fernando Silva, desmintió al fiscal Álvaro Serrano, luego de que en el inicio del juicio oral, éste manifestara su preocupación por la ausencia de un imputado -Francisco Fuenzalida- señalando que se le había obstaculizado su salida del municipio en horario laboral.
Por medio de una declaración pública, el administrador municipal señaló que "se adoptaron todas las providencias con antelación para permitir que los funcionarios imputados participen en el juicio oral, emitiendo con fecha 6 de junio un decreto que otorga autorización a dichos funcionarios para ausentarse transitoriamente de sus funciones mientras dure el proceso judicial".
