Critican a la empresa por entregar una misma respuesta para distintas observaciones.
Diputada Carvajal criticó el rol de las autoridades de Gobierno.
Recurso de reclamación representa a más de 200 vecinos que entregaron observaciones al proyecto.
Vecinos y organizaciones sociales de San Fabián denunciaron irregularidades en el proceso de participación ciudadana del proyecto de instalación de líneas de transmisión eléctrica entre Punilla y San Fabián.
Las organizaciones ingresaron un recurso de reclamación contra la resolución de calificación ambiental (RCA) que lo aprobó. La presentación fue patrocinada por la ONG Defensa Ambiental, que lleva la defensa de varias familias de Punilla, y fue suscrita por personas naturales y jurídicas que representan a más de 200 vecinos que habían entregado observaciones durante la evaluación ambiental, y que no habrían sido debidamente consideradas por la empresa titular Astaldi.
El abogado Ricardo Frez señaló que "una vez revisadas las respuestas de la empresa a la comunidad, constatamos irregularidades como una misma respuesta, calcada, con los mismos 10 párrafos, para varias observaciones con temas que no tienen mucha relación entre sí, lo que evidencia una actitud de la empresa Astaldi de pasar por alto la participación ciudadana".
Richard Fuentes, uno de los vecinos del sector Las Veguillas, señaló que "en varias reuniones planteamos el impacto que estas torres tendrían en el turismo, que es la base de la economía en la zona, incluso pedimos considerar ideas alternativas como instalaciones subterráneas, pero no fue ni siquiera estudiada".
Críticas al Gobierno
Los vecinos que presentaron la reclamación fueron acompañados por la diputada Loreto Carvajal (PPD), quien criticó el rol de la autoridades de Gobierno.
"Ninguno se ha reunido con los vecinos, o sea, hoy vemos pasearse a ministros por Ñuble, pero no han sido capaces de dar la cara ni la posibilidad a los vecinos de probar que el plan social comprometido no se ha cumplido", subrayó la parlamentaria.
El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien ayer fue objeto de una funa en Chillán, señaló que lo que se ha hecho en Punilla es acogerse estrictamente a la ley, ya que se expropiaron los terrenos, se consignaron los pagos y producto de la evaluación ambiental se establecieron compensaciones adicionales para las personas afectadas con relocalización.
"Las personas en desacuerdo están en su derecho de hacer todas las reclamaciones que la ley les brinda, y eso es materia que deben ver los Tribunales, pero lo importante es que no interrumpan el avance de una obra que es de muchísima importancia para la región", indicó.
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