El abogado del fiscal cuestiona la orden verbal emanada por la Fiscalía Nacional para investigar a Moya en el marco de la Operación Huracán.
También fue refutado el actuar de la PDI y la incautación de elementos personales a la señora e hijos de Moya el pasado 8 de mayo.
Este miércoles se desarrolló en la Corte de Apelaciones de Rancagua, los alegatos respecto al recurso de protección presentado por el fiscal Sergio Moya tras el allanamiento a su inmueble el pasado 8 de mayo. Dicha actividad se realizó en el marco de la investigación de la Operación Huracán, liderada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
La acción judicial fue agrupada con otro recurso de protección presentado por la esposa de Moya y sus hijos, respecto al proceder de la policía y el Ministerio Público dicho allanamiento.
La defensa de Moya calificó como ilegal y arbitrario el procedimiento que lideró el persecutor Ricardo Soto, en conjunto con funcionarios de la Policía de Investigaciones y del Lacrim Central.
En la instancia se refutó el horario en que se realizó la intervención, además de la incautación de elementos a la señora e hijos del persecutor, además del otorgamiento de una orden verbal y no escrita por parte del fiscal nacional (s) Xavier Armendáriz, para investigar a Sergio Moya.
"Se inició un procedimiento apoyado en un acto administrativo que adolece de vicio, fundamentalmente porque fue un acto verbal administrativo y no judicial. La ley permite que los jueces dicten resoluciones verbales, pero no permite que órganos públicos realicen resoluciones verbales, que es el gran acto que nosotros reclamamos", indicó el abogado de Moya, Ignacio Figueroa.
El defensor añadió que "esperamos que se proteja la intimidad de esta familia y la vida privada de este fiscal, y se le devuelvan los bienes de su propiedad".
Defienden el procedimiento
A la tercera sala de la Corte de Rancagua, también llegó el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Quintana -en representación del Ministerio Público- y el defensor de la Policía de Investigaciones, Omar Castro, organismo que fue recurrido en el recurso presentado por la señora e hijos de Moya.
"Nosotros creemos que es improcedente el recurso de protección en contra de las resoluciones judiciales, que es lo que aquí se está impugnando. Creemos que todas las acciones que se imputan como ilegales o arbitrarías a la Fiscalía no lo son y también se puede refutar en otro escenario penal", indicó Rodrigo Quintana.
El defensor añadió que "hubo una autorización, pero además el fiscal Palma está a cargo de la Operación Huracán y por tanto, podía investigar todo aquello que tuviese relación esa operación, por ende no es efectivo y relevante".
Por su parte, el abogado de la PDI, Omar Castro, apuntó que "negamos categóricamente algún actuar arbitrario o ilegal de parte de la PDI. Toda vez que se actuó con la presencia y bajo la instrucción del fiscal Soto y se dejó constancia en el acta. Además, negamos categóricamente el tema de actuar fuera de horario".
La causa quedó en estudio y se espera que los próximos días se dicte una resolución respecto a los recursos de protección.
