La acusada fue formalizada por los delitos de parricidio, parricidio frustrado y parricidio tentado.
El tribunal decretó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
En prisión preventiva quedó la mujer de 34 años, imputada por dar muerte a su hija de 3 años, agredir a su otro hijo de 12, el pasado martes al interior de una vivienda en la villa Galilea de Rancagua.
El Ministerio Público le imputó los cargos de parricidio, parricidio frustrado y parricidio tentado, luego que se conociera, que la madre también intentó dar muerte a otra hija de 7 años, mientras esta se encontraba al interior de la ducha, lanzando un secador de pelo conectado a la electricidad, situación que evitó su cónyuge y padre de los menores.
La fiscal del caso Lorena Morales detalló "tomó un cuchillo cartonero y habiendo previamente planificado exhaustivamente dar muerte a sus tres hijos, se dirigió hacia su hija menor de tres años de edad y la llevó hasta la cocina del inmueble, donde con el referido cuchillo cartonero y con intensión de matar, le propinó un corte certero en el cuello".
"A continuación, se dirigió hasta el dormitorio principal, donde se encontraba su hijo mayor de 12 años de edad, y con el mismo cuchillo cartonero, y con intención de matar, se abalanzó sobre su hijo, con quien forcejeó, cayendo este al suelo, golpeándose la cabeza y aprovechando la imputada para propinarle un corte en el cuello", añadió.
Durante la audiencia, la defensa de la mujer, intentó suspender el procedimiento, con el objetivo de solicitar un informe psiquiátrico, para ver la posible inimputabilidad o no de la implicada.
El abogado defensor Jaime Lobos sostuvo que "existen antecedentes suficientes que han necesario ahora descartar o confirmar una eventual escenario de inimputabilidad. Por otra parte, el dato de atención de urgencia contenido en la carpeta investigativa refiere a varios antecedentes más, en primer término suigiere una vigilancia las 24 horas del día durante todo el proceso que implica su caso, por riesgo de que pueda atentar contra su vida".
Agregando que "se sostiene que existen tratamientos en psicoterapia con psicóloga hace tres meses antes de los hechos, esta refiere que con cuando inica la pandemia, su pareja se empieza a deprimir, sin embargo señala que hace un mes aproximadamente nota que ella comienza a estresarse".
De todas formas, dicha solicitud, a la que se opusieron el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez (querellante en el caso), fue desechada por el juez de garantía, Felipe Izquierdo.
El plazo de investigación, quedó establecido en 180 días, plazo solicitado por la Fiscalía y a la que se allanaron todos los intervinientes, debido a las diversas pericias e informes que se deben realizar en la causa.
