La organización criminal venezolana Tren de Aragua impone tres tipos de cobros para obtener ganancias del tráfico de personas migrantes hacia Chile, reveló un informe de la Fiscalía de la Región de Tarapacá al que tuvo acceso Cooperativa.
El documento dio cuenta de las metodologías que utiliza la banda, que obtiene utilidades por el cobro directo a migrantes, la aplicación de impuestos o "vacunas" a jaladores y transportistas y el cobro de lo mismo a otros traficantes de migrantes que se atrevan a movilizar ciudadanos extranjeros por la zona.
"El traslado desde Lima hasta Iquique tiene un valor aproximado de 400 dólares. Desde Tarapacá hacia la Región Metropolitana, de 180 dólares", constató.
Según la Fiscalía, la organización traslada cerca de 200 migrantes a la semana.
Además, "a los jaladores se les cobraba 6 dólares por migrante captado y a los transportistas 25 dólares por vehículo utilizado". La célula que opera en Tarapacá "mantenía contacto con aproximadamente 40 jaladores y transportistas", puntualizó.
Por si fuera poco, también evidenció que, respecto a la trata de personas, la organización impone "multas" de 5.000 dólares (unos 4,8 millones de pesos) por el traslado a mujeres migrantes venezolanas para ejercer el comercio sexual: el castigo "se paga en cuotas de 250 dólares semanales, más 20 dólares diarios por alojamiento; y se les facilita el pasaje, el pago de anuncio online, peluquería y una semana de alojamiento".
DIPUTADA LLAMA AL GOBIERNO A ACTUAR "DE MANERA URGENTE"
El documento detectó igualmente un eventual lavado de activos del Tren de Aragua mediante el mercado automotriz: utiliza los ingresos de sus "negocios" ilícitos para la compra de motocicletas que luego son arrendadas a migrantes irregulares que las utilizan para servicios de delivery.
En este contexto, la diputada por la zona Danissa Astudillo (PS) comentó que le han solicitado "al subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) que busque mecanismos alternativos para actuar de manera urgente, podamos hacer las compras de los detectotes faciales biométricos, de los escáneres y de todo lo que se nos prometió en la visita de la exministra del Interior (Izkia Siches)".
"Así como en pandemia tuvimos acceso a compras directas, hoy día no podemos seguir esperando los procesos burocráticos que exige la Contraloría", agregó.
Desde la UDI, el diputado Renzo Trisotti cuestionó: "No sé qué otra prueba necesita el Gobierno, qué otra evidencia se le debe demostrar para que entienda que las bandas de crímen organizado están funcionando de manera brutal en la Región de Tarapacá, donde lamentablemente en un servicio que prácticamente todas las casas utilizan, como es el sistema de delivery, tienes a bandas criminales cerca de tu casa".
"Es de esperar que las autoridades que van a venir el viernes a la ciudad de Iquique entiendan que tienen que dejar de hablar y comenzar a ejecutar", remató el gremialista.
