Hugo Bustamante es el único sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo, la menor de 16 años de Villa Alemana que llevaba una semana desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado ayer en la casa que compartía el presunto homicida con la madre de la menor, Denisse Llanos.
Él se encontraba en libertad condicional desde 2016, tras 11 años en la cárcel de una pena de 27 por un doble homicidio: el asesinato en 2005 de su ex pareja y del hijo de nueve años de la misma, siendo apodado en esos años como "el sicópata del tambor".
En abril de 2016, la Comisión Judicial de la Corte de Apelaciones revisó más de 800 carpetas de reos que solicitaban el beneficio penitenciario, entre las que estaba la de Bustamante.
Cumpliendo la mitad de la pena, los reos tienen la opción de optar a la libertad condicional. Sin embargo, Bustamante sólo llevaba 11 de sus 27 años de presidio cuando postuló al beneficio carcelario: Lo favoreció una excepción, el Artículo 3 del Decreto de Ley 321 sobre libertades condicionales que dice que "a los condenados a más de 20 años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos 10 años de la pena, y por este solo hecho esta quedará fijada en veinte años".
Un reportaje de agosto de mismo año de la Revista Sábado recoge lo ocurrido en la instancia que revisó las solicitudes: cuando se leyeron los antecedentes de Bustamante, la jueza Silvana Donoso Ocampo -que presidía la comisión- hizo un alto ya que conocían el caso del "sicópata del tambor", por lo que consultó "a los otros miembros si no querían poner marcha atrás y cambiar los parámetros que ellos mismos habían establecido días antes, cuando empezaron a revisar".
En el caso de Bustamante, el informe de Gendarmería era negativo. El texto señalaba que el interno "requiere intervención y un mayor período de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto (...), por lo que no se recomienda otorgar libertad condicional".
¿El problema? Esto era un "copy paste" de los informes los otros reos ya evaluados, por lo que no existía ninguna especificación particular para este caso. "Hoy dicen que se sintieron -y se sienten- decidiendo a ciegas. Lo tomaron como un mecanismo de Gendarmería para cubrirse las espaldas antes una reincidencia grave", relata el reportaje.
"La comisión optó por seguir tal cual, solo atendiendo los parámetros legales".
Bustamante fue uno de los 788 reos -el 90 por ciento de los postulantes- que obtuvo su libertad en Valparaíso en esa oportunidad.
Justicia: Aún sin reglamento, actual ley habría impedido la libertad condicional del imputado
El Ministerio de Justicia, en tanto, destacó que "la actual Ley de Libertad Condicional habría impedido la libertad del imputado", porque apunta a que se trata de "un beneficio, y no un derecho" de los reos, pese a que aún falta la toma de razón del reglamento respectivo.
Vigente desde enero de 2019, la ley 21.124 modificó "los requisitos para obtener este beneficio, pasando de simples requisitos formales (buena conducta, asistencia a escuela) a la necesidad de evaluar el riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción de los condenados", dijo el Gobierno a través de un comunicado.
"Asimismo, se eliminó la norma que permitía a condenados a más de 20 años obtener la libertad condicional tan sólo al cumplir sólo 10 años. Finalmente, se estableció expresamente que la Comisión de Libertad decidir por resolución fundada y que debía considerar los antecedentes aportados por Gendarmería", añadió.
Para el ministerio, "si bien un reglamento referido a los delegados de libertad condicional y la organización interna de Gendarmería para estos efectos se encuentra pendiente de toma de razón, la ley está plenamente vigente. Así, con la actual legislación, el señor Bustamente Perez aún estaría privado de libertad".
"Hoy día no basta con cumplir requisitos objetivos, como asistir a cursos, si no que el elemento principal para lograr la libertad condicional es un informe psicosocial que tiene que, de alguna manera, referirse a las condiciones de la persona y sus posibilidades reales de reinserción y de no reincidencia", profundizó más tarde el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
"En estas condiciones, que fueron consensuadas, no habría podido salir porque sus antecedentes, como doble homicida y otros que habían en su carpeta, no le habrían permitido alcanzar la libertad condicional", insistió el titular.
"Los jueces operaron bajo las reglas del juego vigentes"
Larraín indicó que "la situación que se produjo en 2016 no se debió a cuestiones relacionadas con el gobierno de la Presidenta Bachelet. Era simplemente el sistema que venía desde antes y que tenía desgraciadamente vacíos que los hemos corregido, en conjunto, todo el sistema político en esta materia".
En esa línea, añadió que "los jueces en ese minuto operaron bajo las reglas del juego vigentes y por eso que las cambiamos, porque eran normas que dejaban espacios para que ocurriera lo que ocurrió. Hay que ser cuidadosos respecto a los juicios que se hagan al respecto. Si obraron o no obraron bien siempre es un juicio que queda abierto respecto de cada una de las personas que toma decisiones".
Sin embargo, el Gobierno no ha aclarado si el mencionado reglamento está pendiente de toma de razón o fue retirado de la Contraloría.
Bustamante será formalizado este lunes por homicidio calificado por el crimen de Ámbar.
