El Juzgado de Garantía de Quilpué fijó para el 30 de enero la preparación del juicio contra Luis Alarcón, sindicado como el líder de la toma del terreno que Alejandro Correa tenía en la comuna y que originó -según demostró Fiscalía en la causa paralela- el crimen por encargo del empresario a manos del financista Renato López y del sicario colombiano, Víctor Gutiérrez.
Correa fue asesinado cuatro días después de presentar una denuncia por la toma del paño que había empezado un mes atrás, según consigna la acusación fiscal en la que se piden cinco años para Alarcón, pena que podría ser de cumplimiento en libertad.
Según la acusación de la Fiscalía, los hechos de loteo irregular se llevaron a cabo desde abril de 2020, cuando el acusado Luis Alarcón "delimitó lotes o superficies de terreno de manera distinta a los lotes señalados en la escritura inscrita en el Conservador de Bienes Raíces".
"Dispuso maquinaria pesada para limpieza de terrenos y realización de caminos al interior de éste. Lo anterior, sin contar con las autorizaciones requeridas" en la Ley de Urbanismo y Construcciones, dice Fiscalía.
"Luego, "el imputado asignó porciones de terrenos a distintas personas mediante asignación directa o sorteos y propició y lideró la formación de una comunidad o agrupación tendiente a la formación de una nueva población que actualmente ocupa los 21 lotes o terrenos privados pertenecientes a la Asociación de don Alejandro Correa, a sus hijas, y a la Sociedad Agrícola Quilpué", dice el documento fiscal.
En el escrito, el Ministerio Pública precisa que casi una veintena de ocupantes del terreno debería declarar en juicio cómo "se le asigna una porción de tierra dentro de la propiedad de Alejandro Correa", como también se señala que se adjuntará la denuncia interpuesta por Correa.
"Las tomas de terrenos están vinculadas a las mafias y al crimen organizado. Así lo vivimos nosotros como familia porque a nuestro padre lo mataron en un contexto de usurpación de terrenos. Si bien los responsables de este delito están cumpliendo condena en la cárcel, nos queda la deuda pendiente de la recuperación de nuestra propiedad, cosa que no hemos logrado pese a todos los intentos administrativos y legales a los que hemos recurrido", señaló Valentina Correa.
"Estamos trabajando con la comuna para desarrollar un proyecto que cruce la capacidad que tiene el terreno con las necesidades de la comuna y transformar este lugar manchado de sangre en un lugar amable para los vecinos de Quilpué", sostuvo Valentina Correa.
La abogada especializada en urbanismo de la Universidad Católica de Valparaíso, Jeanette Bruna, dijo que la acusación es un avance para la región, pero aseguró que "estamos aún al debe con el trabajo efectuado por las policías y la Fiscalía en otras regiones, como en la cuarta, en la que ya existen varias condenas por loteos irregulares y por estafa, incluso a las familias que han llegado a vivir ahí".
Por lo anterior, hizo un "llamado de atención" a las autoridades, para que "no solo dejen en manos del Ministerio Público esta tarea", ya que el desalojo está contemplano en la Ley General de Urbanismos y Construcciones, que "le fija al director de obras la obgliación de inhabilitar a las construcciones que estén sin recepción definitiva, y pedir el auxilio de la fuerza pública para el desalojo".
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