Un profesor de la Universidad de Talca, Roberto Pizarro, ingresó a la Contraloría una denuncia contra el rector Álvaro Rojas, a quien acusa de "persecución".
El doctor en hidrología y profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca pidió que se anularan tres sumarios abiertos en menos de ocho meses, uno de los cuales determinó una multa del 15 por ciento de su sueldo.
Según su versión, el "hostigamiento" comenzó cuando se le ocurrió criticar que Rojas llevara 24 años en el cargo y percibiera un sueldo de 12 millones de pesos mensuales.
"Esta presentación busca dejar en evidencia los vicios de ilegalidad que tiene el sumario que fue incoado contra mí, que básicamente atenta contra la libertad de expresión. Yo lo que señalé que había elementos que no eran los más democráticos en la Universidad de Talca", dijo Roberto Pizarro.
"Una vergüenza"
El abogado Roberto Celedón, que representa al académico, asegura que "lo acontecido no tiene precedentes".
"Es una vergüenza lo que está haciendo el rector Álvaro Rojas, es un abuso de poder que no lo honra y, por el contrario, lo deshonra profundamente", señaló.
Los otros dos sumarios contra de Pizarro son por presunto abuso de poder contra una estudiante a la que advirtió sobre una posible expulsión tras apropiarse de dos pruebas desde el computador personal del académico.
La respuesta de la rectoría
Por su parte, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, negó que exista persecución y aclaró que el sumario no fue iniciado por él sino que se originó en el Consejo Académico, un organismo colegiado autónomo, que determinó que había antecedentes para dar curso a dicho procedimiento.
"La sanción impuesta por el fiscal es una sugerencia y el jefe de servicio, que en este caso soy yo en mi calidad de rector, cumplí con lo que el fiscal del caso determinó que era lo que correspondía", explicó.
En este contexto, la autoridad académica recordó que los sumarios son procesos administrativos rutinarios y que las personas que son sancionadas tienen derecho, como cualquier funcionario público, de acudir a la Contraloría si lo estiman pertinente
