El director del Instituto Nacional de Cultura de Cusco recalcó que, cualquiera sea el origen de quienes rayaron parte del patrimonio inca, deberán enfrentar el peso de la ley.
El antropólogo David Vega Zenteno destacó que la nacionalidad de los dos jóvenes chilenos detenidos en Cusco por rayar un muro en la histórica ciudad inca no influye en el desarrollo del proceso en su contra.
En la noche del martes 4 de enero, el juez Walter Chipana decidió encarcelar a Enzo Tamburrino Saldías, de 19 años, y Eduadrdo Cadima Calvo, de 20, quienes habían sido detenidos el miércoles 29 de diciembre acusados de pintar en un muro incaico.
En diálogo con El Diario de Cooperativa, Vega recalcó que "se actúa de esta manera por lo que en estos últimos cinco años ha habido ataques sistemáticos al patrimonio cultural".
El director del Instituto Nacional de Cultura de Cusco destacó que "fuera chileno, fuera peruano, fuera australiano o fuera francés, tendrían que caer en lo mismo, porque ésta es un área intangible, de altos niveles de respeto cívico".
Consultado al respecto, señaló que la ignorancia no justifica la actitud de los jóvenes chilenos, ya que, quien visita Cusco, sabe donde está.
"Es como si yo fuera a Santiago rayara la Catedral (Metropolitana), ejemplificó.
"Ha sido una actitud sumamente grosera", recalcó, en referencia al rayado, de una extensión de tres metros de alto y dos de ancho.
Tamburrino y Cadima se presentaron ante el magistrado junto al jurista Juan Carlos Quispe, quien abogó por que el magistrado tomara en cuenta las disculpas públicas que habían efectuado y que actuaron bajo efectos del alcohol.
Pero su defensa fue insuficiente cuando el fiscal José Manuel Mayorga presentó documentos que dejaban constancia de que ambos, en dos ocasiones, ingresaron a la ciudad peruana de Tacna, sin que posteriormente quedara registro en la oficina de migraciones de su salida.
Esta irregularidad determinó la decisión del juez Chipana, que ordenó su envío a la cárcel Pública de Cusco. Tras la formalización de la denuncia en los próximos días, se efectuará una investigación que podría durar cerca de tres meses. Los jóvenes arriesgan una pena de hasta seis años de cárcel.
