El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, llegó este jueves hasta la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para explicar el sentido de la polémica declaración que Chile firmó, junto a otros cuatro países, cuestionando a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la instancia parlamentaria, el secretario de Estado dijo que no ha sido el propósito de esta declaración suscrita por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay (todos países que actualmente tienen gobiernos de derecha) de restringir el ámbito de acción tanto de la Comisión como de la Corte IDH, sino, más bien, la necesidad de establecer un diálogo respecto de su funcionamiento y cómo reforzar su trabajo.
Larraín indicó que actualmente hay 6.963 causas pendientes de estudio porque "se está analizando de todo", lo cual está "produciendo un atochamiento" en el sistema.
El titular de Justicia puso como ejemplo el caso de una alumna que estimó que había sido objeto de discriminación por el proceso de selección universitaria, por la PSU, y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual acogió a estudio su presentación.
También mencionó el caso de Benicio Poblete, quien recurrió por negligencia médica al sistema interamericano de protección de los derechos humanos en 2002, que el año 2009 se declaró la admisibilidad de su presentación, que el 2016 hubo un primer pronunciamiento de la Comisión y que, si va a la Corte, serían otros tres años más; lo que sumaría 17 años para que el sistema interamericano dé respuesta a alguna petición por las causas que se han ido acumulando.
Delimitar dónde empieza el sistema interamericano
Frente a esto, Larraín planteó que hay que delimitar dónde empieza el sistema interamericano y dónde terminan las instancias de acción de cada Estado.
"Si yo no tengo claro este principio de responsabilidades compartidas y definido el ámbito de actuación que le corresponde al Estado y al sistema, voy a terminar llevando mis definiciones de la PSU, del aborto, de la eutanasia, de cualquier tema", remarcó el ministro.
"Todos los temas que uno quisiera imaginar, en lugar de resolverlos por nuestras instancias democráticas legítimas, las vamos a transferir al sistema. (...) Por hacerlo todo, al final, no se hace mucho o lo que se hace no se hace bien", aseguró el secretario de Estado.
El ministro Larraín recalcó que "lo que queremos es precisamente conversar sobre esto".
En la oposición, el diputado Tucapel Jiménez sostuvo que "hay legítimas dudas con esto, porque la historia de Chile así lo dice. El Estatuto de Roma nos tomó 10 años en ratificarlo, porque hay un sector de este país que no cree en las cortes internacionales, entonces, por supuesto que las dudas están instaladas".
En tanto, el diputado UDI Issa Kort comentó que "la desconfianza ya no es solamente con el Gobierno del Presidente Piñera, sino que con todo lo que tiene que ver con la política exterior. Ellos desconfiaron de lo que firmó la Presidenta en el TPP, se dieron vuelta la chaqueta y lo rechazaron en el Congreso Nacional, hoy en día, porque dicen no ser consultados por este Gobierno, desconfían de esto".
Además, Larraín destacó que la CIDH acogió como "constructiva" la propuesta de establecer un diálogo.
Por ello, sostuvo que ha habido críticas en Chile "posiblemente" por falta de información, debido a lo cual entregó una copia del documento a los parlamentarios.
