De acuerdo a datos recabados en 2020, sólo un 15 por ciento de la población confía en el Ejecutivo.
Bélgica es el único país cuyo desempeño empeoró aún más, con 31 puntos porcentuales menos que en la última medición.
Chile fue en 2020 el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menos adhesión de su población al Gobierno, ya que sólo un 15 por ciento le tuvo confianza, tras un fuerte deterioro desde 2007, cuando estalló la crisis financiera y todavía generaba confianza en un 43 por ciento.
En su informe bienal sobre gobiernos y administración publicado este viernes, la OCDE precisa que en ese periodo sólo en Bélgica el empeoramiento de la confianza en el Gobierno ha sido más fuerte, al caer 31 puntos porcentuales hasta el 29 por ciento.
También había caído de forma significativa en Costa Rica (17 puntos, al 28 por ciento), Colombia (14 puntos, al 37 por ciento) y en España (10 puntos, al 38 por ciento).
OCDE grafica el bajo indicador de confianza en el país, según la Gallup World Poll.
En el conjunto de los países de la OCDE, sin embargo, un 51 por ciento de las personas tenía confianza en sus gobiernos en 2020, lo que significa 6,3 puntos porcentuales más que en 2007.
Esa tendencia de mejora fue particularmente marcada en Islandia (35 puntos adicionales al 59 por ciento) y en Alemania (30 puntos, al 65 por ciento). La mayor confianza se daba en Finlandia (81 por ciento) y en Luxemburgo (78 por ciento).
De hecho, llama la atención es que la opinión mejoró mucho tras la irrupción de la crisis del Covid-19 a comienzos del pasado año: en términos relativos, ese incremento fue de hasta más de seis puntos porcentuales en junio y julio en países como Luxembugo, Finlandia y Dinamarca e incluso casi cinco puntos en España.
📢 PRESS RELEASE:
— OECD Governance (@OECDgov) July 9, 2021
Post-COVID-19, building resilience to crises and regaining citizen’s trust should be a priority for governments, says OECD https://t.co/uKfuLz4QjC
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La organización señala que los gobiernos han introducido miles de medidas de regulación con carácter de urgencia, algunas inevitables por las circunstancias excepcionales, pero insiste en que ellas tienen que ser limitadas en su alcance y en su vigencia, para evitar que se deteriore la percepción de los ciudadanos sobre la transparencia y la pertinencia de la acción de la Administración.
Su consejo es centrar los esfuerzos en tres áreas para reforzar la confianza y la transparencia, y fortalecer así la democracia, empezando por luchar contra la desinformación.
También considera fundamental fortalecer la representación y la participación, lo que pasa por promover la inclusión de colectivos como mujeres, jóvenes y grupos que estén infrarrepresentados.
La OCDE estima igualmente que los gobiernos "tienen que aprender a gastar mejor", es decir, aumentar la eficiencia, asegurarse de que las prioridades van al público con más necesidades y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Recuerda que en los paquetes para hacer frente a la crisis del coronavirus, hasta marzo de este año los países miembros habían puesto alrededor el equivalente del 16,4 por ciento de su producto interior bruto (PIB) en gasto adicional (o por efecto de la disminución de su recaudación), a lo que se añadió otro 10,5 por ciento de PIB en otras medidas de liquidez para las empresas, inyecciones de capital, créditos o asunción de deudas.
Las diferencias entre países son en este punto también enormes: Estados Unidos ha llegado a inyectar un 25,5 por ciento de su PIB en ese tipo de medidas y un 2,4 por ciento en gasto público adicional; Italia un 8,5 por ciento y un 35,3 por ciento respectivamente.
Al mismo tiempo, México únicamente había puesto un 0,7 por ciento y un 1,2 por ciento, respectivamente; y Costa Rica un 1,5 por ciento.
