La primera denuncia conocida vinculada a la nueva legislación dejó en evidencia las dificultades que enfrenta su implementación.
Médicos de la Isla Grande se negaron a realizar la interrupción y el Minsal trasladó a la menor a Santiago para hacerlo.
El Servicio Nacional de Menores (Sename) se querelló por la violación de la menor.
Un caso de violación de niña de 13 años en Chiloé, Región de Los Lagos, puso a prueba la ley de aborto: médicos de la Isla Grande se negaron a realizar la interrupción del embarazo y el Ministerio de Salud trasladó a la menor a Santiago para hacerlo.
El pasado 26 de septiembre, tres días después de que se publicara en el Diario Oficial la nueva legislación sobre las tres causales (inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o violación), llegó al Ministerio Público su primera denuncia conocida, luego que se confirmara el embarazo de la menor en un poblado de la isla, consigna el diario La Tercera.
El hecho fue denunciado y de inmediato se abrió una investigación que quedó a cargo del fiscal jefe de Castro, Enrique Canales; sin embargo, aun cuando la situación reunía todas las condiciones para poder practicar el aborto y tribunales autorizó la medida luego de obtener el consentimiento de la madre de la menor, el caso dejó en evidencia las dificultades que enfrenta la implementación de la nueva ley.
Como primera medida, el juez de Familia ordenó determinar las semanas de gestación, ya que según la normativa, tratándose de una niña menor de 14 años, "la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación": debían actuar con rapidez, puesto que el peritaje preliminar arrojó que la niña tenía 11 semanas y tres días, indica el rotativo.
Desde la agrupación Miles, por los derechos sexuales y reproducctivos de las mujeres, acusaron improvisación por parte del ministerio para aplicar la ley, así lo detalló su directora, Claudia Dides.
"Cómo es posible que tengamos que trasladar dede Chiloé o de cualquier otra zona extrema, pudiendo hace la intervención en Puerto Montt por ejemplo. Ahí hay falta de preparación y el Ministerio de Salud no ha estado a la altura de poder cumplir la ley", afirmó Dides.
No había médicos dispuestos a realizar el procedimiento
Sin embargo, el Servicio de Salud de Chiloé notificó que en los hospitales de la zona no había facultativos dispuestos a realizar el procedimiento, ya que -según señalaron fuentes que conocieron el caso, precisa el matutino- no estaba listo el reglamento del Minsal que fija los protocolos para aplicar la Ley 21.030 y que establecerá, entre otras cosas, el mecanismo de objeción de conciencia que pueden invocar los médicos, el que debe dar a conocer la ministra Carmen Castillo.
Especialistas de salud de Los Lagos explicaron al rotativo que una de las razones que tuvieron los facultativos para oponerse fue que el Hospital de Castro (calificado como recinto médico de mediana complejidad) no cuenta con los implementos necesarios; versión rebatida por otros profesionales locales, ya que también existe el fármaco Misoprostol, que disminuye los riesgos.
Crítica en la isla
Aunque el director del Hospital de Castro, Ricardo Salazar, negó que el recinto haya recibido una solicitud para practicar el aborto, La Tercera señala que en los organismos públicos de la isla la negativa es conocida y provocó un fuerte debate en las últimas semanas (incluso matronas compartieron sus críticas por la postura de los médicos a través de un grupo de whatsapp).
Ante la urgencia, fue la Subsecretaría de Redes Asistenciales la que debió tomar cartas y a inicios de octubre organizó el traslado de la niña a la capital vía aérea y acompañada por enfermeras, siendo atendida en el Hospital San José, donde se practicó la interrupción del embarazo.
El Servicio Nacional de Menores (Sename) se querelló por la violación de la menor y se esperan los resultados del peritaje de ADN para identificar al responsable, detalla el diario.
Además de los inconvenientes que genera la falta de protocolos -el reglamento estará listo recién a fines de diciembre y mientras tanto la ministra Castillo ha dicho que se actuará "caso a caso"- y la duda sobre si habrá suficientes profesionales habilitados y si los recintos de salud cuentan con las capacidades necesarias, en el Minsal declinaron entregar información respecto a cómo enfrentarán este tema ni si existen otros casos similares al ocurrido en Chiloé, concluye el periódico.
Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Paula Narváez aclaró la situación, señalando que la menor había sido oportunamente atendida.
"Aquí hay una ley que fue promulgada el 23 de septiembre, esa ley establece un plazo legal para tener operativo el reglamento que debe emanar desde el Ministerio de Salud y ese plazo se cumple el próximo 23 de de diciembre (...) es importante señalar que en este caso en específico se pudo efectuar el procedimiento, cautelando la vida de la menor", aseveró Narváez.
