En 2019 se registraron sólo 768 abortos legales, cuando las estimaciones previas superaban los 3.000.
"En los prestadores privados tenemos una sospecha de subreportes", afirmó el ministro Jaime Mañalich.
El Ministerio de Salud anunció la creación de un manual para fiscalizar la Ley de Aborto en Tres Causales, luego de que se detectaran posibles irregularidades en el registro de procedimientos durante el año 2019.
Según consignó La Tercera, el proceso de inspección incluye una fiscalización aleatoria a los centros de salud y la revisión de toda la cadena de procesos, además de establecer eventos "centinelas" –como el protocolo de derivación en los centros de salud objetores-, que, en caso de incumplirse, puede derivar en sumarios sanitarios y sanciones.
Según datos del Minsal, en 2019 se registraron 768 abortos legales, 92 de ellos en clínicas y 676 en hospitales, cifra muy por debajo de las proyecciones de los expertos.
Entre los datos llamativos -destaca el matutino- figura que en 2018 y 2019 se interrumpió la misma cantidad de embarazos producto de violaciones: 124 casos.
De los 124 casos por esta causa (violación) registrados en 2019, 123 procedimientos fueron realizados en hospitales públicos, mientras que sólo un procedimiento fue realizado en una clínica privada.
"Esto es una ley nueva, que implica un cambio cultural enorme, incluso en los prestadores, y requiere de un período de aprendizaje... En ese período hemos detectado que los mecanismos de fiscalización que tenemos no son suficientes y que hay que perfeccionarlos", explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
El Minsal sospecha que en el sector sector privado informaron menos casos de los atendidos o recepcionados.
"En los prestadores públicos se dieron reportes que debieron ser corregidos. Y en los prestadores privados tenemos una sospecha de subreportes", apuntó el ministro.
El matutino también recogió la opinión de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien indicó que los balances oficiales de interrupción de embarazos generan dudas.
"Se habían estimado más de tres mil interrupciones anuales, que es lo que teníamos notificado anteriormente, según las mismas causales, pero no se ha llegado a eso", señaló.
"Muchas veces las beneficiarias de prestadores privados fueron derivadas al sector público, porque no se tenían los protocolos", agregó Siches, enfatizando que las cifras son cuestionables: "Pareciera evidente que existan más interrupciones por violaciones en los centros privados".
