El organismo enfatizó que, al igual que en la anterior legislación, el texto promulgado el miércoles asume que quien porta drogas "es traficante".
La abogada Andrea Muñoz, asesora jurídica del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), destacó que la nueva ley que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, promulgada el miércoles 2 de febrero es una legislación "inteligente" y acorde con la realidad del país.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la jurista, quien fue parte del equipo que preparó el texto legal, enfatizó que la antigua ley Nº 19.366 no había "diferencia entre el gran tráfico y el tráfico menor, y eso ha ido generando un problema que el Gobierno estimaba que era importante corregir".
Muñoz afirmó que al sólo considerar penas entre cinco y 15 años de cárcel, la antigua norma redundaba en que "las penas no se aplicaban" en el caso de microtraficantes, porque las sentencias resultaban desproporcionadas para quienes distribuían pequeñas dosis de drogas.
Ahora, la ley Nº 20.000 amplía el rango de penas, que ahora va desde los 541 días a los cinco años de presidio para quienes realizan pequeñas ventas de estupefacientes.
La abogada destacó que no se haya fijado una cantidad de droga como el límite entre el consumo y venta, porque así "los jueces van a tener que evaluar caso a caso y sentar la jurisprudencia".
"Es complejo establecer gramajes, porque primero, usted le da una señal importante al narcotraficante, quien va a adecuar su conducta a esa figura", añadió.
Sin embargo, enfatizó que la nueva ley –al igual que la que reemplazó– considera que una persona que "porta, que lleva consigo droga, en principio se presume que es traficante", por lo que también debe demostrar que sólo se trata de consumo personal para evitar una sanción.
"No creo que las leyes sean todo para corregir los problemas, ni que sea fundamental, creo que el fenómeno de la droga es tan complejo, que se combate de distintas maneras, y el Presidente hizo ayer (miércoles) mención explícita que ésta es una de las materias en las cuales hay que abordar desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista del control de la oferta", argumentó Muñoz.
La funcionaria del Conace también comentó los artículos que permiten que los altos cargos de la administración pública deben someterse a exámenes aleatorios, para detectar el consumo de drogas.
Andrea Muñoz subrayó que no se trata de "normas específicas", sino que una reglamentación genérica, que permitirá a cada servicio público crear su reglamento específico, el que debe crearse "respetando la dignidad de las personas" y garantizando que "no se convierta en una situación que permita algún tipo de arbitrariedad o persecución".
La abogada concluyó que los funcionarios fiscales sólo podrán ser examinados si se determina al azar su concurrencia, exceptuando a quienes son parte de la Unidad de Análisis Financiero, creada para el combate del lavado de dinero, cuya completa planta deberá someterse a estos análisis.
