La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aclaró que en el fallo que deben cumplir las isapres con los usuarios a los que se les cobró en exceso, los excedentes que éstas tienen que devolver son específicamente a las personas que demandaron a sus aseguradoras.
En entrevista con La Tercera, sostuvo que cuando se dio la prórroga de plazo "fuimos claros en decir que nunca se nos habían presentado" los estudios sobre los cálculos para la aplicación del fallo, así tampoco "cuál era el universo sobre el cual se calcularon y cómo se calculó, eso jamás se nos presentó".
Además de ello, "tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia, ni por las isapres": "Nunca se nos ha dicho 'mire, esta es nuestra forma de cálculo sobre lo que usted dijo'. Es decir, no conocemos cuáles son los cálculos que la Superintendencia ha hecho y sobre qué universo", indicó.
En esa línea, Vivanco afirmó que "los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron", ya que si alguien nunca demandó, "no tiene nada hacia atrás que cobrar".
Pese a lo anterior, la vocera apuntó que "el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante" y que "si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando".
"Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando sobre 700.000 afiliados, y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación", aseguró al rotativo.
Consultada si quienes plantean el fin de las aseguradoras privadas a raíz de la aplicación del fallo, la también presidenta subrogante de la Sala que aborda los asuntos constitucionales sentenció que "es un poco absurdo cuando se dice es que 'ustedes no se han dado cuenta de los costos que esto significa'. Por supuesto que no nos hemos dado cuenta, pero son los incumbentes los que tendrían que hacernos presentes los costos que esto significa y hasta qué punto esos costos se avienen o no con nuestro fallo".
"Nosotros no podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos, no nos corresponde", agregó.
EN ESTADO DE DERECHO QUIENES EJERCEN CARGOS PÚBLICOS "NO DEBEN ESTAR SUJETAS AL AMEDRENTAMIENTO"
Respecto a las acusaciones a los jueces de ser "activistas judiciales" tras el fallo, la portavoz de la Suprema respondió, a título personal, ser "muy proclive a la libertad de expresión y eso incluye, por supuesto, la crítica a los fallos, a los actos de autoridad o a las autoridades mismas", al ser la crítica "parte de la vida de una persona que ostenta funciones públicas, y como jueces recibimos constantemente críticas por nuestros fallos, porque muchas veces hay perdedores y ganadores".
En su posición de vocera, reflexionó que "hay un tema que va más allá de la crítica y que es peligroso" y que "tiene que ver con las personas, cualquiera sean, que consideran que parte de la crítica es desacreditar, ofender, insultar a los jueces, a título personal, con nombre y apellido. O que creen que ellos son los llamados a determinar si los fallos se deben cumplir o no".
"Esa parte a mí me resulta especialmente preocupante. En un Estado de Derecho las personas que ejercen potestades públicas están sujetas al escrutinio público y a la crítica, pero no deben estar sujetas al amedrentamiento, al insulto".
Con comentarios de ese tipo, "no es que uno se sienta amenazado, pero claro que el objetivo es hostigar, acosar, molestar". En ese sentido, dijo creer que "esa segunda variante, a mí me parece muy negativa", ya que "no es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se llame a no cumplir fallos judiciales cuando molestan".
"Me parece muy grave y esto lo digo tanto si hay que cumplir un fallo judicial respecto de llevar presa a una persona, como cumplir un fallo judicial respecto de una industria que pague un excedente o que se respete la normativa medioambiental", recalcó.
"ESTE FALLO JAMÁS HA PRETENDIDO QUE DEJE DE EXISTIR LA SALUD PRIVADA"
La ministra dijo creer que las industrias "tienen todo el derecho a hacer presentes las inquietudes que tengan y las problemáticas que tengan", sin embargo dicha problemática "también es un tema de quienes hacen las políticas públicas y de la autoridad".
"Si las isapres o cualquier industria, da lo mismo, consideran que una forma de cumplimiento les puede generar un problema grave, tienen todo el derecho a expresarlo así y la autoridad sectorial tendrá que así considerarlo, porque este fallo jamás ha pretendido que deje de existir la salud privada", comentó.
Finalmente, anotó que si la salud privada dejara de existir por la aplicación del fallo "no va a ser por intermedio ni por disposición de los tribunales, sino por otras modificaciones que se hagan legales o constitucionales": "En definitiva, no somos los verdugos ni de ellos ni de nadie. Es más, quienes cuestionan que hacemos políticas públicas a través de los fallos le rectificaría: las aseguradoras de salud privada nada tienen que ver con políticas públicas".
