La propuesta "denota una indolencia absoluta con los usuarios", según el gremio de las aseguradoras privadas.
"Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse", aseguró.
La Asociación de Isapres afirmó este jueves que el proyecto de ley del Gobierno que busca dar cumplimiento al fallo que en 2022 la Corte Suprema emitió respecto a los contratos de las aseguradoras es "un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".
La última jornada el superintendente de Salud, Víctor Torres, reveló en la Comisión de Salud del Senado que las compañías deberán devolver 1.400 millones de dólares a los afiliados, es decir, 1,5 millones de pesos en promedio por contrato.
Ingresado al Congreso con urgencia simple a través del Senado y quedando 21 días para el cumplimiento de fallo, el proyecto pretende establecer un mecanismo para la fijación en los precios de los planes de salud, dándole facultades para su elaboración a la Superintendencia.
Originalmente, la iniciativa da seis meses a las Isapres para informar el número de contratos afectos a devolución por los cobros en exceso, el monto total de la deuda y el método de pago. De igual forma, se creará un comité de expertos para revisar la propuesta.
En este sentido, el gremio de las aseguradoras privadas de salud indicó que la propuesta "denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud", que además "promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión".
"La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa", añadió la asociación.
También recalcó que las "posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud", por lo que esperan que el Parlamento "evite una nueva y mayor emergencia sanitaria".
Según los expertos, hasta el 18% de la población es parte de una Isapre -cerca de 3 millones de personas-, donde cotizan con un promedio del 11% de su sueldo (el 7% es obligatorio y el resto adicional) y lo que les deja fuera de la cobertura del sistema.
Después de la pandemia y tras un proceso judicial de 10 años, las Isapres buscan la forma de sobrevivir y sortear la bola de deudas contraídas con sus clientes, tras declararse al borde de la quiebra.
