De más de 25 mil investigaciones instruidas en el Gobierno central, 262 funcionarios fueron removidos, mientras la mayoría de los procesos aún sigue en curso.
El senador Juan Luis Castro manifestó que las cifras son una "vergüenza nacional".
La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó este jueves que 262 funcionarios han sido destituidos por mal uso de licencias médicas en el Gobierno central, tras las investigaciones sumarias realizadas.
Esta cifra equivale al 1,03% de los 25.352 sumarios instruidos en la institución, según reveló el séptimo balance de Dipres.
Del total, 21.098 procesos siguen en curso, mientras que 4.254 ya tienen resolución:
Las instituciones del Gobierno central reportaron 40.629 licencias médicas supuestamente incumplidas, involucrando a 29.720 funcionarios. De estos, 23.745 siguen trabajando en el Estado, 5.525 dejaron sus puestos y 2.947 aún enfrentan sumarios administrativos.
Respecto a estos registros de la Dipres, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, detalló que "25.352 sumarios fueron instruidos, de los cuales 21.098 continúan con sus procesos. Lo importante es que ese no es el número final, porque quedan más de 21.000 en proceso y nosotros esperamos que los funcionarios que están a cargo de estos procesos sumariales, puedan continuar estos procesos para determinar de manera fehaciente y efectiva las responsabilidades de los funcionarios y funcionarias públicas que hayan incumplido la legislación".
La secretaria de Estado afirmó que el objetivo es que "al final se cumpla lo que todos esperamos, que nadie esté por sobre la ley y cuando haya un incumplimiento de un funcionario público, haya las sanciones correspondientes".
"Una vergüenza nacional"
En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador socialista Juan Luis Castro manifestó que "a mí me parece una vergüenza nacional. Esto es una situación que prácticamente no tiene nombre por lo escandalosa que resultó al principio".
"Esto ocurrió en mayo del año pasado, han pasado nueve meses y todavía tenemos más de 21.000 sumarios que no se fallan, que no tienen sentencia. Y de los ya sentenciados, solo el 1% termina en destitución. ¿De qué estamos hablando?", cuestionó.
El senador advirtió que esta falta de sanciones efectivas genera un incentivo negativo dentro del aparato estatal. "Aquí se está instalando un verdadero manto de impunidad, lo que resulta escandaloso", sostuvo.
Según el legislador, la situación actual, no solo carece de efecto disuasivo, sino que "invita a seguir haciendo fraude", afectando recursos que deberían destinarse a pacientes que realmente los necesitan.
Castro añadió que "el fraude se le hace al propio Estado, porque cerca del 90% de estos funcionarios son afiliados a Fonasa. Entonces, estamos hablando de funcionarios públicos defraudando al Estado".
Finalmente, Castro vinculó el ausentismo laboral con la crisis en la atención hospitalaria, citando un informe de la Contraloría General de la República sobre el Hospital San José, donde se registraron esperas de hasta 18 horas en el servicio de urgencia, mientras existía personal con periodos de años de licencia médica acumulada.
"La ausencia de personal de salud es un problema estructural. Hoy el promedio bordea los 38 días de ausentismo por trabajador al año, una cifra descomunal que demuestra que el problema todavía no se aborda con la profundidad que requiere", concluyó el senador.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), dijo que "no me sorprende estas cifras de baja ejecución en términos de sumarios terminados, porque la verdad es que era tan grande el problema, que era muy difícil de abordar".
"Lo que hay que hacer ahora es modificar lo que haya que modificar en términos normativos", puntualizó.
