Usuarios cuyas licencias han sido rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) han comenzado a recurrir a la Justicia para revertir esta situación, en lugar de acudir al propio servicio y a la Superintendencia de Seguridad Social, instituciones que han sido criticadas por su falta de celeridad en cuanto a estos casos.
La Suseso informó que en 2018 se denegó el 15 por ciento de los permisos solicitados por afiliados a isapres, y el 5,1 por ciento en el caso de quienes se atienden por Fonasa, con la principal causal siendo diagnósticos de enfermedades mentales.
La abogada Ana María Rivera ha representado a varios pacientes que optaron por esta salida, y hasta ahora, la Corte Suprema ha acogido tres de los recursos que ha impuesto, mientras que otros cuatro están en acuerdo de revocar la sentencia, consignó La Tercera.
La jurista dijo al diario que el rechazo "implica una grave victimización y un perjuicio físico, psicológico, moral y patrimonial enormes" para estas personas, pues en lugar de usar el tiempo designado para reposo "deben estar lidiando con su isapre, Compin y la Superintendencia de Salud durante meses; y mientras tanto, ¿cómo se mantiene a sí mismo o a su familia?".
En ese sentido, expertos como la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, plantean una reforma del sistema, porque actualmente "funciona más para encontrar fraudes en materia de reposo que para los pacientes que realmente lo requieren".
"La judicialización, en muchos de estos casos, viene a resolver lo que el sistema político y el Ejecutivo no han podido resolver y me parece que los pacientes tienen, con esto, una vía válida de poder apelar a cosas que consideran arbitrarias", añadió.
