Lily Pérez y Osvaldo Palma, quienes calificaron de artificial el debate sobre la anticoncepción de emergencia, pidieron que junto con la entrega del medicamento se lleve a cabo una intensa política en pro de una educación sexual adecuada.
Los diputados de Renovación Nacional (RN) Lily Pérez y Osvaldo Palma respaldaron la determinación del Ministerio de Salud, en orden a distribuir gratuitamente la denominada "píldora del día después", pues se trata de un medicamento que no es abortivo.
Los legisladores dijeron que los diversos pronunciamientos que se han hecho sobre el tema son una polémica artificial, pues hace cuatro años que el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el fármaco.
"Estamos de acuerdo con la política del Ministerio de Salud, en términos de entregar a todas las mujeres el acceso universal a la píldora anticonceptiva de emergencia, lo que no compartimos es la falta de información y el exceso de píldoras compradas", dijo Pérez, diputada por La Florida.
Palma, de profesión médico cirujano, dijo que se trata de "un problema de ciencia, no es un problema de fe", pues no es "un abortivo para ningún efecto".
Además, señalaron que, junto con la distribución del compuesto levonorgestrel, el Gobierno debe establecer una intensa política de educación sexual, para prevenir embarazos no deseados.
También consideraron que no hay la suficiente información sobre el uso del fármaco, que tiene restricciones, como el hecho que no puede consumirse más de una vez por ciclo menstrual.
Sin embargo, el presidente de RN, Sergio Diez, señaló -a título personal- que los alcaldes católicos pueden ejercer su libertad de conciencia y negarse a entregar el fármaco en sus municipalidades.
Además, afirmó que el Ejecutivo no ha protegido la vida del ser que está por nacer y no cumple con la Constitución, pues -según él- hay una sentencia de la Corte Suprema en la que se asume que "la píldora del día después" puede tener efectos abortivos.
"El Gobierno no ha sido cuidadoso, y en consecuencia no ha cumplido con su obligación", expresó Diez, quien destacó que los ediles contrarios a la distribución del medicamento tienen más clara que el Ejecutivo la "primacía de la disposición constitucional", en orden a proteger la vida.
