La empresa Gasco contrató al abogado penalista Cristián Muga para liderar su defensa tras el accidente ocurrido el 19 de febrero en la Autopista Central, a la altura de General Velásquez, que dejó 13 personas fallecidas.
El siniestro, protagonizado por un camión que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) desde Gasmar, en Quintero, hasta la planta de Maipú, es el más grave en la historia de la compañía controlada por la familia Pérez Cruz. La investigación está a cargo de la Fiscalía Centro Norte.
Según publica El Mercurio, al interior de la empresa aseguran haber cumplido con todas las normativas vigentes y sostienen que no existen indicios de negligencia por parte del conductor, Pablo Celedón, quien falleció en el accidente.
Según antecedentes preliminares, el camión contaba con certificaciones al día, hoja de ruta vigente y controles efectuados en el terminal. Además, el GPS mostraría que circulaba dentro de la velocidad reglamentaria, aunque se analiza si el ingreso a la curva fue levemente superior a lo permitido.
"No hay indicios de que el chofer haya actuado negligentemente. Por el contrario, todo parece indicar que actuó de manera diligente", señalan cercanos a la compañía.
La tesis de la barrera
En paralelo, la firma analiza el estado de la infraestructura vial, particularmente de las barreras de contención en la mediana de la autopista.
Según plantean fuentes internas, las cisternas están diseñadas para resistir volcamiento y cuentan con válvulas de alivio que liberan presión en caso de impacto. Por ello, sostienen que el solo volcamiento no debiera haber provocado una explosión de la magnitud registrada.
La hipótesis que evalúan apunta a que las barreras tipo New Jersey habrían cedido tras el impacto, permitiendo que elementos metálicos perforaran la cisterna, lo que habría generado la fuga de gas y posterior explosión.
En esa línea, comparan el caso con un accidente ocurrido en septiembre de 2025 en Ciudad de México, donde un camión que transportaba gas LP explotó tras impactar una barrera que se fragmentó y dañó el estanque.
Desde Autopista Central señalaron que están colaborando con el Ministerio Público y recabando antecedentes sobre el paso de los vehículos involucrados. Afirmaron que "la infraestructura fue diseñada, ejecutada y aprobada por la autoridad conforme a la normativa técnica vigente a esa fecha", en el marco del contrato de concesión con el Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo, indicaron que la ruta cuenta con señalización preventiva visible y que minutos antes del siniestro otro camión con estanque de gas transitó por el sector sin inconvenientes.
Posibles responsabilidades
Gasco no descarta eventuales acciones judiciales contra la concesionaria, aunque recalcan que hoy el foco está en colaborar con la investigación y en apoyar a las familias afectadas.
La empresa activó su Comité de Crisis y ha asumido gastos funerarios, traslados, hospedaje y apoyo psicológico. En el caso del conductor fallecido, aseguran que reconocerán todos los beneficios laborales que le habrían correspondido hasta su jubilación.
En el plano legal, la nueva Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica permite perseguir responsabilidad penal en casos de cuasidelito de homicidio cuando existe negligencia atribuible a la empresa o a sus dependientes. No obstante, fuentes cercanas a la defensa sostienen que, hasta ahora, no hay antecedentes que acrediten esa condición.
El exfiscal Carlos Gajardo advirtió que, independientemente de la arista penal, "la demanda civil por indemnización de perjuicios va de todas maneras", dado que la responsabilidad civil puede recaer en la empresa por tratarse de un hecho protagonizado por un dependiente.
En paralelo, la Fundación "Defendamos la Ciudad" presentó una denuncia ante la Contraloría para que se revise la eventual responsabilidad de la Dirección General de Concesiones y de la Dirección de Vialidad en el diseño del proyecto vial en General Velásquez.
Desde la Dirección General de Concesiones indicaron que están aportando antecedentes y a la espera del peritaje oficial que determine las causas del accidente.
Mientras avanza la investigación, el caso abre un debate sobre la suficiencia de las normas de seguridad vial para el tránsito de vehículos de carga peligrosa en zonas urbanas y sobre el alcance de las responsabilidades en tragedias de esta magnitud.
