"La difícil fiscalización de esta modalidad contractual hace que los derechos de los trabajadores se vean reducidos", advierten.
Académicos de la Universidad de Chile expresaron su preocupación por las posibles vulneraciones a los derechos de los trabajadores a raíz de las labores telemáticas, por la pandemia de Covid-19.
"En la actualidad existen más de 860 denuncias de teletrabajadores (ante la Dirección del Trabajo) y solo el 4% fueron reconocidas. La difícil fiscalización de esta modalidad contractual hace que los derechos de los trabajadores se vean reducidos. Por ello, necesitamos repensar esta legislación para asegurar un marco de derechos", detalló la doctora en Derecho Pamela Martínez.
La profesora de la Facultad de Derecho recuerda que por el Covid-19 "se profundizó y aceleró" el trámite parlamentario de la regulación del teletrabajo, pero "no está bien legislar en tiempos normales para tiempos anormales, esto habría sido más eficiente si se consideraban otras fuerzas, como los acuerdos con trabajadores".
Según la OCDE, entre el 2015 y 2016, alrededor de un 60% de los países realizaban teletrabajo ocasionalmente. Frente a la expansión del coronavirus en el mundo, esta modalidad laboral se posicionó como una de las principales medidas para mantener el funcionamiento de las instituciones, siendo regulada en Chile a través de la Ley 19.759.
La Dirección del Trabajo, a diciembre de 2020, cifra en más de 185 mil los pactos de trabajo a distancia informados por empleadores, de los cuales el 51% continúa vigente.
No obstante, con el aumento de casos y las nuevas cuarentenas se espera que aumenten considerablemente estos acuerdos.
Para la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Paola Jirón, "los instrumentos de medición del campo laboral no abordan la multiplicidad de trabajos que son extremadamente dinámicos, irregulares y discontinuos, y solo se agrupan en la informalidad".
"Además, el uso de tecnologías o intervenciones smart son placebo. Dicen que es eficiente, innovador, pero no son correlativos con la sociedad en la que vivimos, no contamos con la infraestructura necesaria para ser aplicado en nuestras ciudades. Debemos ser capaces de legislar vinculándonos con la realidad del país, pues no somos Londres", añade la doctora en Planificación Urbano-Regional en la London School of Economics.
