Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa con 31 votos a favor y tres abstenciones.
El Senado visó por amplia mayoría esta iniciativa que beneficia al sector público.
Con reflexiones cruzadas por la discriminación que existe entre el sector privado y público, el Senado despachó a ley una normativa que modifica el postnatal parental de seis meses y entrega la remuneración completa, eso sí, solo a funcionarios del sector estatal.
La actual ley entrega la remuneración íntegra hasta un tope de 72 UF, por lo que este avance para el sector público fue destacado por la senadora de la DC Carolina Goic.
"Una ley que hace justicia con las funcionarias públicas, es un tema que quedó pendiente cuando aprobamos la creación del postnatal parental, esto de alguna manera hacía que para funcionarios con mejores remuneraciones vieran mermados sus ingresos y muchas incluso tuvieran que volver a trabajar en media jornada como lo permite el postnatal parental por un tema económico", dijo la legisladora.
"El sentido de esta norma es poder compartir responsabilidades con el padre, no un apremio económico e incluso esta norma había sido objeto de presentaciones de varias funcionarias públicas en el Poder Judicial por discriminatorio", añadió la legisladora.
La iniciativa, que fue aprobada con 31 votos a favor y tres abstenciones, margina a las madres del sector privado con alta remuneración, como lo explicó el senador de la UDI Juan Antonio Coloma.
"No creo que esa sea la visión ni un máximo estatista, yo por lo menos voy a procurar que los proyectos sean buenos y justos dentro de las limitaciones que uno tiene, y actuar con convencimiento y no me puedo convencer que estamos dando un paso global positivo si le estamos diciendo a mujeres que están en las mismas condiciones que van a tener un trato distinto según sea el lugar donde trabajen y que tiene que ver con la persona humana", argumentó el gremialista.
De esta manera todo funcionario público deja de ser regulado por las normas sobre subsidio e incapacidad laboral, lo que implica un gasto fiscal que se estima alcanzará los 5.900 millones de pesos anuales, lo que se financiará con cargo al Presupuesto vigente.
Otro aspecto que abarca el proyecto para los mismos funcionarios públicos es el extender para los padres el derecho a sala cuna.
