"En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados", resaltó la presidenta de la misión.
El Gobierno de Maduro expresó su más "categórico rechazo a las insólitas acusaciones falsas y sin fundamento" de la misión.
La Corte consideró que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total de los casos.
Señaló que el país caribeño ha “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber periodos de inactividad inexplicables”.
La labor de aquellos organismos, tanto civiles como militares, tenía como fin reprimir la disidencia política, mediante un plan orquestado "desde el más alto nivel político".
El grupo independiente presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe, que apunta al presidente Nicolás Maduro como responsable último.
Según la misión, que integra el chileno Francisco Cox, las violaciones de los DDHH denunciadas continúan hasta el presente, bajo "un clima de total impunidad".
Las manifestaciones se registraron en hasta 16 regiones del país, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Durante el primer semestre hubo un promedio de 22 protestas diarias, un 15% más que en el mismo periodo del 2021.
El líder acusó a Ángel Vivas de "entrenar" a quienes cruzaron cables en las barricadas levantadas durante las protestas de 2014, contra los que impactaron algunos motoristas.
Ha cumplido más de la mitad de la sentencia, por estar en prisión preventiva desde 2017, y completará los casi dos años restantes compareciendo en tribunales cada 30 días.
"Hemos resistido y los hemos derrotado en todos los planos, ahora en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas", afirmó en un acto de Gobierno televisado.
El país caribeño se sometió a la tercera revisión periódica ante el Consejo de Derechos Humanos, presentación que, según el mandatario, "fortalece nuestra democracia".
"Seguiremos luchando por los derechos humanos de todos", enfatizó Humberto Prado, nombrado comisionado para los DDHH por el ex diputado Juan Guaidó.
Mencionó, entre otros, al teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien mantiene una huelga de hambre para acusar que sufre "tratos crueles inhumanos".
Aseguró que cientos de ciudadanos corren el riesgo de fallecer por "falta de insumos y medicinas" en los centros del país.
"Salvar vidas será siempre nuestra prioridad", afirmaron, instando a retomar la mesa de diálogo, interrumpidos unilateralmente por el oficialismo el pasado octubre
Ex fiscal había adelantado que existían "fundamentos razonables para creer" que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El sargento venezolano Arli Méndez Terán fue sentenciado como responsable del homicidio del joven David Vallenilla durante las protestas de 2017.
Este caso, una de las muertes que más impacto causó de aquellas manifestaciones, está incluido en el expediente para investigar al Estado en la Corte Penal Internacional.
La alta comisionada de la ONU sostuvo que la situación humanitaria en ese país se ha visto agravada con la pandemia del Covid-19.
En el informe, Bachelet pide mantener la ayuda a Venezuela y asegurar una distribución justa de las vacunas.
En opinión de la ex diputada Olivia Lozano estos presos "no han cometido delito alguno y deben ser liberados en su totalidad".
La ONG Foro Penal solicitó que no utilicen a los detenidos en el diálogo de negociación entre el Gobierno y la oposición.
Acordaron reunirse de nuevo desde el 3 al 6 de septiembre, según un comunicado conjunto.
La oposición exige elecciones “libres” y el oficialismo busca que se levanten las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.
La situación de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño se encuentra, desde el 2018, bajo un examen preliminar de la CPI.
Advirtieron que "cualquier retraso" en este proceso "sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano".
