Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable".
También se detalló que la persona podrá arrepentirse de la decisión en cualquier momento del proceso.
El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el derecho a morir y a la prestación del sistema nacional de salud.
Con esto, España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.
Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
Una "Comisión de garantía y evaluación", compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. El solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.
Después de ser enmendada por el Senado, el Congreso respaldó finalmente hoy la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, con 141 en contra y 2 abstenciones.
La norma, que entrará en vigor dentro de tres meses, fue impulsada por el gobernante Partido Socialista, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores y de extrema derecha.
La ley es motivo de polémica social y política, con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre la izquierda y la derecha.
La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el "reconocimiento de los derechos", así como en una sociedad "más justa y decente".
La diputada socialista y ex ministra de Sanidad María Luisa Carcedo recordó a todos aquellos que han luchado por conseguir que se apruebe esta ley, que da "libertad para decidir", resaltó.
Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que "no existe demanda social objetiva", y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a "eutanasias no solicitadas" y España puede convertirse en un país de "turismo eutanásico".
