Entre ellos está Luz Arce, vinculada a la DINA y Miguel Estay, condenado en el caso "degollados".
Ex presidenta de la Comisión dijo que todas las decisiones se ajustaron a la ley.
Agrupaciones de derechos humanos demandaron la revisión del nuevo listado de la comisión Valech II sobre casos de prisión política y desaparición forzosa, ante la la inclusión de un condenado por el caso "degollados" y personeros ligados a la DINA.
Según Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, "demandamos la revisión de aquellos nombres de sujetos que están vinculados al terrorismo de estado, que es una ofensa a las víctimas, que aparezcan en esta condición y también demandamos la revisión de estos listados".
"Resulta inaceptable que de más de 32 mil víctimas, hoy día se les desconozca esta condición y solamente un tercio de ellos sean calificados, entre ellos como sabemos, sujetos agentes de la dictadura", comentó.
Entre los casos está Luz Arce, vinculada a la Dina y Estay Reino, alias "el Fanta", condenado a cadena perpetua por la desaparición de tres integrantes del Partido Comunista en 1985, en el caso "degollados".
Su inclusión en el informe le parece inaceptable al diputado PC Guillermo Teillier, ya que "no vamos a aceptar que un individuo llamado 'el Fanta', que cometió crímenes tan alevosos contra compañeros nuestros, que un criminal como éste pueda ser pagado, financiado, con los dineros de todos los chilenos".
"Creo que hay que investigar toda la lista para ver si hay otros casos", sostuvo Teillier, emplazamientos a los que se sumaron su colega Hugo Gutiérrez y el ex diputado Antonio Leal, que llamó a explicar a las víctimas la presencia de Estay en el informe a la presidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda.
Para la dirigenta Mireya García, la comisión Valech perdió legitimidad, y "esperamos, en algún momento, cuando el Gobierno tenga la voluntad de recibirnos (...) podamos hacer el planteamiento que estos casos necesariamente sean revisados".
Explicaciones del EjecutivoSobre la polémica, la ex presidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda, explicó que "dentro de lo que fue el mandato y el proyecto de ley, se calificaron los casos que estaban dentro de los mandatos que la ley entregó".
"No fue fácil para los comisionados calificar el caso. A nosotros lo que nos pidieron fue no que juzgáramos los actos posteriores de las personas, sino que pudiéramos establecer si los hechos que la persona declarada en cuanto haber sido víctima de violaciones de DD.HH. había tenido participación agentes del Estado, y en el caso de estas dos personas estaba probado", añadió.
