Se trata de víctimas de la dictadura entre 1973 y 1990.
La idea del Poder Judicial es que estos casos se investiguen a fondo y no se extiendan en el tiempo.
La fiscal de la Corte de Apelaciones de de Santiago Beatriz Pedrals presentó un total de 726 querellas ante el ministro Mario Carroza por víctimas de violaciones a los DD.HH. ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y respecto de las cuáles no había ningún tipo de acción judicial.
La 
presentación se realizó en la calidad de representante del Ministerio Público Judicial y en uso de las facultades conferidas que los autorizan a presentar acciones judiciales.
Asimismo se consideró que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación de todos estos casos y que no es posible que se perpetúen en el tiempo, asumiendo los tribunales las investigaciones respecto de todos aquellos procesos casos en que no se haya iniciado un proceso judicial destinado a esclarecer los derechos de personas que perdieron la vida o se encuentra desaparecidas.
Las acciones judiciales se presentan luego que durante el año 2010 el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz -en su calidad de ministro coordinador para casos de derechos humanos- detectara que existían casos de personas que víctimas por violaciones de los derechos en la que no existían acciones interpuestas por sus representantes.
Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.
Asimismo se reorganizó las causas por violaciones a los DD.HH. que investigaban los ministros de distintas cortes de apelaciones, nombrándose en la jurisdicción de Santiago al ministro Mario Carroza para que se hiciera cargo de todos los nuevos procesos que se presentarán a partir del 1 de junio de 2010.
