Carolina Tohá lamentó que el candidato consideré "irrelevante" mantener Chilevisión.
Desde la UDI, el senador Novoa valoró la decisión de la carta RN.
La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, consideró que la decisión de un fideicomiso ciego voluntario de Sebastián Piñera es "tardía", pues era una promesa desde que el empresario fue candidato en la elección presidencial de 2005.
"Lo importante es que si este paso se hace, se haga con los estándares que pone la ley que estamos discutiendo en el Parlamento, que es la que realmente nos da garantías a todos los chilenos y si se hace, se haga seriamente", añadió la portavoz.
La ministra también cuestionó que Piñera no pusiera fin a su participación en el canal Chilevisión. "Si una persona que va a ser candidato presidencial, que pretende ser Presidente de la República piensa que la propiedad de un canal de televisión es irrelevante, no ha entendido el sentido del fideicomiso ciego", afirmó.
Desde la UDI, el senador y presidente de la tienda, Juan Antonio Coloma, señaló que las críticas de La Moneda "no me extrañan".
"Dijeron que iban a presentar un proyecto, pregunten donde está el proyecto: durmiendo, escondido, porque no les interesa. Entonces voluntariamente se hace el fideicomiso y no han pasado 24 horas, el Gobierno no ha tenido tiempo ni de leerlo y ya lo está criticando", sostuvo el senador.
Respaldo de Novoa
El senador de la UDI, Jovino Novoa, presidente de la Cámara Alta y uno de los principales críticos de la doble condición de político y empresario de Piñera, consideró adecuada la decisión del candidato.
Novoa subrayó el "entregar la administración de sus acciones a cuatro entidades reguladas por el sistema financiero", y sostuvo que "es evidente que en pocos días más se le va a perder la pista a las inversiones que tenía Sebastián Piñera en las sociedades anónimas abiertas".
Piñera, anunciará el próximo lunes su fideicomiso ciego voluntario, una fórmula elaborada por su abogado Fernando Barros.
La operación consiste en traspasar la administración de la mayor parte de su patrimonio, avaluado en más de 1.200 millones de dólares, a cuatro instituciones sin opción a ser informado o dar instrucciones de movimientos financieros.
