El delito que persigue la acción judicial es daño a Monumento Nacional, cuyas penas oscilan entre 541 días a tres años de cárcel, además de multas.
"No podemos seguir tratando como normal el que se vandalice el patrimonio de todos los chilenos y se destruya la ciudad", afirmó la autoridad regional.
Luego que se conociera que dos jóvenes plasmaron un graffiti en la cúpula del histórico Museo Nacional de Bellas Artes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó este martes una querella en contra de quienes resulten responsables.
El delito que persigue la acción judicial, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, es daño a Monumento Nacional, cuyas penas oscilan entre 541 días a tres años de cárcel, además de multas económicas.
🔵 Gobernador de la RM, Claudio Orrego, presentó una querella contra quienes resulten responsables de los rayados que hubo en una cúpula del Museo de Bellas Artes. El delito es daño a Monumento Nacional/@Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/5YArXpL5Z9
— Francisco Becerra (@panbecerra) August 16, 2022
"No podemos seguir tratando como normal el que se vandalice el patrimonio de todos los chilenos y se destruya la ciudad. Como Gobierno Regional nos hemos querellado esta mañana en contra de quienes resulten responsables de haber dañado este patrimonio de todos los chilenos y, por esta vía, dar una señal al resto de quienes creen que pueden destruir lo que nos pertenece a todos", dijo Orrego a la prensa.
"Se acabó la fiesta. Tenemos que recuperar la ciudad para los ciudadanos y no podemos seguir permitiendo que se vandalice, que se grafitee, incluso aquello que ha sido declarado Monumento Nacional", subrayó la autoridad regional.
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Respecto de la restauración de la cúpula tras los rayados, el arquitecto y académico Fernando Pérez, director del museo, advirtió que "estamos frente al caso de un Monumento Nacional y, por tanto, hay una serie de procedimientos. Se trata, además, de un edificio público. Por ambas razones tenemos que seguir un camino que no es tan sencillo".
"Estamos, primero, evaluando los daños y luego tiene que haber un procedimiento de autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Posteriormente tiene que haber una licitación para la reparación. Entonces, no es que nosotros podamos señalar a una empresa de inmediato, tiene que pasarse por todo este camino, y eso lo vamos a hacer en el menor tiempo posible", complementó.
En tanto, el vicepresidente de Asuntos Internos del Colegio de Arquitectos e integrante del Consejo de Monumentos Nacionales, Francisco Herrera, indicó que "lo que viene a ser esta iniciativa judicial a la que ha empleado el gobernador Orrego, es seguir la línea de lo que como gremio esperamos que todos los actores aborden".
"Aquí hay un problema más allá de juzgar y condenar sin miramientos la violencia en la forma que sea, aquí hay un camino legal que seguir y ese es el que hay que abordar y que enfrentar por lo pronto. Una cosa es juzgar las motivaciones que tienen estas personas para vulnerar el patrimonio y otra muy distinta es si acaso se apegan o no a lo que dicta hoy la ley", puntualizó.
