El Ministerio Público rechazó los argumentos de la defensa del directivo y reveló antecedentes de la venta de Darío Osorio.
La Fiscalía rechazó los argumentos planteados por la defensa de Michael Clark y mantuvo su solicitud de prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul, durante la audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia, en el marco del caso Sartor.
Uno de los principales argumentos de los persecutores apunta al fraude asociado a la no realización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al insistir en que, al adquirir cerca del 90 por ciento de las cuotas del fondo FIP Tactical, Clark adquirió indirectamente las acciones de Azul Azul que estaban en poder de dicha firma y, con ello, el control de la concesionaria. Por esta razón, sostiene que correspondía realizar una OPA.
En esa línea, el Ministerio Público afirmó que esta interpretación también ha sido planteada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y respaldada por informes jurídicos, entre ellos un análisis del abogado Guillermo Caballero sobre la toma de control de un fondo de inversión. La Fiscalía argumentó además que la ausencia de una OPA perjudicó a los accionistas minoritarios, al privarlos de información y de la posibilidad de participar en el proceso de cambio de control.
Los persecutores también cuestionaron la posterior OPA voluntaria impulsada por Clark tras los reparos de la CMF. Según expusieron en la audiencia, mientras las acciones de Azul Azul se transaban en torno a 500 y 550 pesos, la oferta contemplaba un precio de 380 por acción.
Como referencia, la Fiscalía mencionó la adquisición de acciones de los Schapira realizada por José Ramón Correa, quien habría pagado $700 por título.
Otro de los puntos utilizados para rebatir a la defensa fue el nivel de influencia que, según la Fiscalía, tenía Clark dentro de Azul Azul. El Ministerio Público citó la declaración de José Ramón Correa, quien habría señalado que le manifestó a Clark su interés en ser director del club por ser hincha de la institución.
A ello se sumó el testimonio del exgerente deportivo Manuel Mayo, quien habría declarado que Clark gestionó directamente la negociación por Darío Osorio y que incluso le pidió acompañar al futbolista durante el proceso.
Por último, la Fiscalía descartó que Clark tuviera un rol meramente formal dentro de las entidades investigadas y enfatizó que no era un director sin poderes.
Los persecutores sostienen que participaba en distintas operaciones de la AGF que el propio Clark autorizó, y advirtieron que existen otras transacciones que continúan bajo investigación, algunas de las cuales fueron conocidas tras los allanamientos realizados durante la indagatoria.
