Entregó un informe que especifica que el pollo es el cuarto alimento más consumido en los sectores de ingresos bajos.
Sólo el pan, la carne de vacuno y las bebidas gaseosas son más requeridos.
El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, presentó este lunes, en medio de la denuncia por la supuesta colusión entre los productores de pollo, un informe donde detalla que este alimento es el cuarto producto más consumido por los chilenos, recalcando que el aumento de precios afecta directamente el bolsillo de los más pobres.
"Aqu
í la preocupación del Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con nuestra lucha contra la pobreza. Los precios de estos productos inciden directamente en la pobreza, porque a la medida que estos precios suben, es más difícil para una familia más pobre comprar la canasta básica de alimentos", manifestó.
"El pollo representa el cinco por ciento del gasto en alimentos en los hogares más pobres y el 2,4 por ciento en los más ricos, por lo que pido al ministro Longueira, la máxima preocupación por lo que está ocurriendo en el mercado del pollo y darle la sensibilidad de lo que significa para las familias de menores recursos", especificó.
De acuerdo con el ranking desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, el pollo es el cuarto alimento más consumido por los sectores de menores ingresos, ubicándose detrás del pan, la carne de vacuno y las bebidas gaseosas.
En paralelo, el ministro de Economía, Pablo Longueira, respondió a la defensa de las productoras avícolas que aseguran que las acusaciones en su contra son falsas, adelantando que su cartera posee más antecedentes que involucran a las empresas acusadas.
"Lo que sí les puedo adelantar es que hay más antecentes que no hemos entregado y que la Fiscalía tiene reservados para la etapa en el Tribunal, que acreditan que lo entregado está sustentado en antecedentes serios y que prueban el nivel de acusación que hemos hecho", manifestó.
Asimismo, aseguró que la comisión creada para perfeccionar la legislación antimonopolio se tomará un plazo de seis meses para elaborar propuestas que vayan en defensa de la libre competencia y de la protección de los consumidores.
"Por lo pronto en esta comisión no hay ningún tema excluido y, muy por el contrario, lo que queremos buscar es que a través de un trabajo de una buena secretaría ejecutiva y de una comisión del más alto nivel podamos discutir con mucha seriedad todas las materias", manifestó.
