Gobierno inició proceso de licitación del litio
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Autor: Cooperativa.cl
Así lo informó el subsecretario de Minería Pablo Wagner.
La venta de las bases se extenderá hasta el 31 de julio.
Así lo informó el subsecretario de Minería Pablo Wagner.
La venta de las bases se extenderá hasta el 31 de julio.
El Gobierno abrió este martes la licitación pública nacional e internacional para la explotación del litio, mineral muy utilizado en la informática y la automoción y que, según cálculos del Ejecutivo, el país posee un cuarto de sus reservas mundiales.
"Queremos abrir el mercado del litio. Es aquí donde queremos crecer y donde queremos inyectar más competencia y más innovación", señaló en conferencia de prensa el subsecretario chileno de Minería, Pablo Wagner, al anunciar el inicio de este proceso.
El ganador del concurso podrá suscribir con el Estado de Chile un contrato especial de operación del litio (CEOL) para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de este mineral, que se concentran en los salares del norte del país, donde se extiende el desierto de Atacama.
El Gobierno recurrió a este tipo de contrato porque, aunque la Ley de Minería de 1973 define el litio como un mineral estratégico y no concesible, la Constitución establece que se pueden hacer contratos especiales de operaciones para las sustancias definidas como tales.
LicitaciónEn esta licitación pueden participar las personas naturales o jurídicas, solas o asociadas en consorcios, estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que adquieran y retiren formalmente las bases de licitación hasta el 31 de julio de este año.
El plazo de presentación de las ofertas culminará el 12 de septiembre próximo.
Quien se adjudique este contrato podrá explorar y explotar el litio dentro del plazo de 20 años a contar de la fecha del CEOL y en cualquier área del territorio nacional, excepto en aquellas zonas cubiertas por concesiones mineras constituidas conforme a un Código de Minería que data de 1932.
El Gobierno prevé recaudar 350 millones de dólares a través del cobro del 7 por ciento de las transacciones que consigan estas corporaciones.
Esta iniciativa ha sido cuestionada por la oposición y por expertos, que consideran que el Gobierno está impulsando la privatización de un recurso de propiedad estatal.
