El gobierno de Mauricio Funes se comprometió a reparar a las víctimas.
Por su parte, el CIDH recomendó dejar sin efecto la Ley de Amnistía.
El Salvador dio un giro a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.
En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno del presidente Mauricio Funes afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.
La Comisión recomendó al gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.
También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecue su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.
El gobierno de Funes se comprometió a iniciar una "nueva etapa de diálogo" en El Salvador con los familiares de las víctimas, así como con diversas instituciones religiosas y sociales y con el arzobispado, entre otros afectados.
