Los bosques nativos de Argentina han perdido más de 1,4 millones de hectáreas en los últimos años y enfrentan un escenario de mayor amenaza ante la intención del Gobierno de Javier Milei de reformar la ley que regula su protección.
Los datos más recientes indican que entre 2018 y 2024 se registró una pérdida de 1.416.000 hectáreas de bosque, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Turismo y Ambiente. Si bien el promedio anual es menor al de años previos a la ley vigente desde 2007, las cifras continúan generando preocupación.
En 2007, antes de la implementación de la normativa, se perdieron 728.469 hectáreas en un solo año. Estos ecosistemas cumplen un rol clave en la regulación del clima, el equilibrio hídrico, la producción de oxígeno y la fertilidad del suelo.
Pese a la legislación, organizaciones ambientalistas advierten que la destrucción ha ido en aumento. Según Greenpeace, en 2025 se perdieron 210.702 hectáreas en Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, un 40 por ciento más que el año anterior, principalmente por desmontes.
"El 75 por ciento de la deforestación se da en esas cuatro provincias. Además han crecido mucho los incendios forestales en la Patagonia (sur)", señaló el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
La organización también alertó sobre el impacto de los incendios en el sur del país. En 2025, el fuego arrasó 32 mil hectáreas de bosques andino-patagónicos, mientras que entre fines de diciembre y mediados de febrero se consumieron otras 77 mil hectáreas en la misma zona.
La Ley de Bosques, vigente desde 2007, establece tres categorías de protección: rojo (sin intervención), amarillo (uso sostenible) y verde (permitido el desmonte). Sin embargo, su aplicación ha enfrentado dificultades.
En 2019, Greenpeace presentó un recurso ante la Corte Suprema contra varias provincias y el Estado argentino por incumplimientos de la normativa y por poner en riesgo la supervivencia del yaguareté.
Las organizaciones también denuncian desmontes ilegales, falta de fiscalización y un déficit en el financiamiento de programas de conservación y restauración.
El debate se intensifica ante la intención del Ejecutivo de modificar la ley. Un documento oficial plantea restringir la prohibición de desmonte solo a las áreas clasificadas como de máxima protección.
"Una de las propuestas más graves es la de eliminar la prohibición de desmontar en bosques clasificados en categoría II (amarillo). Esta categoría comprende más de 30 millones de hectáreas y fue diseñada para permitir usos sostenibles, pero no desmontes", advirtió Ana Parellada, del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde Greenpeace, además, alertaron sobre el impacto de la eventual reforma. "La reforma va a habilitar el desmonte en la zona amarilla. Pasaremos de que el desmonte esté permitido en un 20 por ciento del territorio a que quede prohibido solo en esa misma proporción de la superficie. Es casi derogar la Ley de Bosques", aseveró Giardini.
