Una jueza federal suspendió el uso de 4.382 millones de dólares de las reservas.
"Estoy actuando dentro del marco de la Constitución", argumentó la mandataria.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, denunció intenciones de "destitución" de parte de "algunos sectores" y afirmó que mantiene su intención de usar reservas monetarias para el pago de la deuda del país, pese al bloqueo dictado por la justicia.
"Estamos ante intentos de destitución evidente por parte de algunos sectores", afirmó la presidenta en un mensaje en cadena nacional, en el que denunció que "nunca se dio tal avasallamiento" contra el gobierno y acusó a la oposición de mantener una actitud de "venganza institucional" de "la más baja estofa".
La mandataria lanzó el mensaje horas después de que una jueza federal argentina suspendiera el decreto presidencial que el pasado lunes habilitó el uso de 4.382 millones de dólares de las reservas monetarias para la cancelación de compromisos con tenedores privados este año.
"Las deudas que esta presidenta quiere pagar, y va a pagar, con las reservas del Banco Central, en el marco de lo que dice la Constitución y la carta orgánica del Banco Central, se encuentran depositadas en las cuentas de Economía (Ministerio de Economía)", sostuvo.
Fernández sostuvo que si no utilizara los fondos de las reservas y recurriera a préstamos internacionales para el pago de la deuda "sería pasible de ser condenada por administración fraudulenta contra los intereses del Estado. Estoy actuando dentro del marco de la Constitución y de las acciones que me imponen las leyes".
La mandataria firmó el lunes el ahora suspendido decreto junto a otro, de carácter simple, por el que el Tesoro afectó otros 2.187 millones de dólares que se destinarán a cancelar pasivos con organismos multilaterales de crédito, aunque este último no es comprendido por el fallo.
Fernández firmó estos decretos tras derogar otro, de diciembre pasado, que ordenaba crear el denominado Fondo del Bicentenario con 6.569 millones de dólares de reservas monetarias, cuya aplicación fue frenada por fallos judiciales vigentes y cuya validez rechazó la oposición mayoritaria en el Parlamento.
El Banco Central giró los 6.569 millones de dólares afectados por los dos nuevos decretos el mismo día que la mandataria firmó los dictámenes, lo que causó el rechazo de la oposición.
