El Gobierno argentino pidió a Ecuador que retire a su representante en Buenos Aires por su posible complicidad en la salida de un militar arrestado.
El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, ordenó la retirada del embajador en Argentina, Germánico Molina, por su supuesta vinculación con la presunta violación del arresto domiciliario cometida por un ex general argentino, Guillermo Suárez Mason, acusado de delitos contra los derechos humanos.
El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda, confirmó que Molina ya abandonó Buenos Aires.
Aclaró que este hecho no perjudica las relaciones entre las dos naciones y por el contrario, la rápida reacción del Gobierno de Ecuador confirma el buen estado de las mismas y el respeto a las leyes internacionales.
Zuquilanda aseguró que el presidente Gutiérrez "ha reaccionado respetando a las instituciones argentinas".
"Esta es una cuestión netamente de carácter personal del señor Molina. Es una actitud que no fue consultada con nadie ni por nadie y, por lo tanto, se inscribe dentro de, exactamente, un mal manejo de su desempeño en sus funciones", indicó.
El canciller ecuatoriano aseguró que conversó con Molina "y él efectivamente aceptó todos estos hechos y ahora ampliará sus declaraciones acá, pero él fue definitivamente retirado de la Embajada".
Según una denuncia anónima recibida por la Cancillería argentina, el viernes 30 de enero el diplomático ecuatoriano ayudó al ex general Guillermo Suárez Mason a celebrar su cumpleaños fuera de su casa, donde está obligado a permanecer por disposición de la justicia.
En una entrevista publicada por el diario argentino Clarín, Molina negó haber trasladado al ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército en su automóvil, aunque confirmó que lo visitó el último viernes.
Por su parte, Suárez Mason también negó terminantemente haber violado el arresto domiciliario, un beneficio que las leyes argentinas contemplan para los mayores de 70 años.
Entre otros delitos de lesa humanidad que se le atribuyen, Suárez Mason, de 80 años, está procesado por la sustracción y el cambio de identidad de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). (EFE)
