Jorge Olivera es uno de los seis ex militares a quienes se imputan delitos de lesa humanidad durante la dictadura que habían sido indultados por Carlos Menem.
El general argentino retirado Jorge Olivera Rovere fue detenido este sábado después que el viernes el juez Rodolfo Canicoba Corral declaró inconstitucional los indultos que favorecieron a seis mandos militares que participaron en la represión ilegal durante la dictadura argentina entre 1976-1983.
Canicoba Corral dijo en Buenos Aires que dictó la orden de detención del indultado general para su interrogación este lunes por otros delitos de lesa humanidad, que "en su momento no se le habían imputado".
Olivera Rovere es uno de los seis militares que estuvieron presos y que se beneficiaron con los indultos dictados entre 1989 y 1990 por el entonces presidente del país, Carlos Menem.
"La detención es a efectos de tomarle indagatoria y proceder a una resolución después. Pero no es porque se le haya agravado la situación anterior", aclaró Canicoba Corral.
El general hoy detenido es el único militar que estaba en libertad entre los que continúan vivos en una causa abierta contra los mandos del Primer Cuerpo de Ejército por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
El resto de los que perdieron el beneficio del indulto son los ex generales Guillermo Suárez Mason y Juan Bautista Sasia, detenidos por causas relacionadas con el robo de bebés.
Los tres restantes inculpados, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrer, están muertos.
Respecto al futuro próximo de Olivera Rovere, el juez dijo que tras ser interrogado se le hará saber los delitos que se le imputan y su situación procesal.
"En el término de 10 días, voy a resolver respecto a si debe permanecer en prisión o ser sobreseído o beneficiado con alguna otra decisión que lo ponga en libertad", señaló Canicoba Corral.
El juez federal, tras negar este sábado que su fallo tenga intencionalidad política, afirmó que adoptó su decisión como expresión "de una línea clara de la Justicia argentina que viene abriéndose camino para tutelar los derechos humanos, cualquiera sea el gobernante de turno".
En este sentido, mencionó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, resuelta hace cuatro años por el entonces juez Gabriel Cavallo y anuladas por el Parlamento en agosto pasado, y sobre validez debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia.
Esas leyes aprobadas por el Parlamento durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) libraron a miles de militares de ser enjuiciados y su posible encarcelamiento por crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
El magistrado se defendió de las críticas que produjo su determinación destacando que muchas de ellas provienen de "constitucionalistas, por llamarlos de alguna manera, que tuvieron cargos importantes durante el gobierno militar, así que son opiniones interesadas".
El Gobierno y las organizaciones de derechos humanos de Argentina recibieron con satisfacción la decisión del juez Canicoba de declarar inconstitucionales los indultos.
El mandatario argentino, Néstor Kirchner, dijo que "ya era hora" de que se dictara una medida de este tipo y opinó que era "ideal" que fuera la Justicia la que considerara la ilegalidad de los decretos de indulto.
Durante su gestión, Menem firmó 10 decretos de indulto que favorecieron a más de 300 miembros de la dictadura y a jefes de agrupaciones guerrilleras.
Canicoba Corral basó su fallo en los pactos internacionales sobre defensa de los derechos humanos que tienen rango constitucional en Argentina desde 1994.
Además de la reapertura de las causas, en los últimos meses hubo reconocimientos públicos por parte de las Fuerzas Armadas sobre los aberrantes actos cometidos, mientras que el gobierno argentino se comprometió a abrir los archivos oficiales y a colaborar en la construcción de un "Museo de la Memoria" sobre las víctimas de la dictadura. (EFE)
