La Fiscalía solicitó este viernes que se investigue si el Gobierno de Argentina benefició a empresas del Grupo Macri, propiedad de la familia del presidente del país, Mauricio Macri, que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos.
El fiscal federal Eduardo Taiano presentó un escrito ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que será quien decida si inicia formalmente una investigación o desestima el caso, abierto tras una denuncia presentada el pasado mes de enero por los diputados opositores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate (peronismo kirchnerista).
Los legisladores acusan al Ejecutivo de beneficiar al Grupo Macri -fundado por el padre del mandatario y gestionado por diversos de sus familiares- en un proceso de compra venta de parques eólicos, sin licitación, que habría dejado casi 50 millones de dólares de ganancias.
Tailhade y Doñate basaron su denuncia en dos artículos publicados por el diario Perfil en los que se daba cuenta de que en 2016 una de las empresas de los Macri creó otras sociedades que poco después adquirieron parques eólicos en el país a la española Isolux, que previamente los había obtenido mediante licitación pública.
Según confirmó hoy a EFE Taiano, en la denuncia se asevera que esta última compañía traspasó a las empresas del Grupo Macri -de las que el presidente está oficialmente desvinculado- los contratos de esos parques, a través de operaciones que presuntamente dejaron ganancias millonarias al conglomerado de la familia del presidente.
La petición de abrir una investigación busca determinar si funcionarios del Gobierno aprobaron esa operación de reventa y beneficiaron de manera ilegal y por sumas millonarias a distintas empresas vinculadas con el Grupo Macri.
Esta no es la primera vez que se acusa al Ejecutivo de favorecer a sociedades de la familia del mandatario.
Hace un año saltó el escándalo después de que una fiscal señalase un posible conflicto de intereses entre el Estado y el conglomerado empresarial, tras un polémico acuerdo de pago de deuda al que llegó con el Gobierno relacionada con la gestión del servicio de correo oficial entre 1997 y 2003.
