El vicepresidente Edmand Lara citó a una sesión de carácter presencial obligatorio para tratar el decreto de Rodrigo Paz, que tiene 72 horas para ser ratificado o rechazado por el Parlamento.
En paralelo, la Policía y las Fuerzas Armadas trabajan para despejar los cortes que persisten en cuatro regiones del país.
El vicepresidente de Bolivia y titular del Legislativo, Edmand Lara, llamó este sábado a tratar el decreto presidencial que declara el estado de excepción en el país, tras siete semanas de protestas de los sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La sesión fue convocada para las 23:00 hora local (misma hora en Chile) de este domingo, bajo carácter de "obligatoria presencialidad", a diferencia de otras sesiones recientes en las que se permitió a los legisladores participar de forma virtual por los bloqueos de caminos que afectan principalmente a la zona andina y el centro del país.
El llamado es "en atención a la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada", según la convocatoria. La Constitución de Bolivia, promulgada en 2009, establece que la Asamblea Legislativa tiene hasta 72 horas para aceptar o rechazar el estado de excepción dictado por el Ejecutivo.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, confirmó a los medios que Paz envió al Parlamento el decreto y que "se van a hacer las explicaciones" sobre su contenido. Por su parte, el expresidente boliviano y jefe de la alianza opositora Libre, Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), señaló en X que "el Legislativo debe aprobar" la disposición del Ejecutivo, "porque la libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles".
"Escogemos respaldar el estado de excepción, más allá de nuestros cuestionamientos sobre tiempo, capacidades y forma, porque defender a nuestros ciudadanos está encima de nuestro rol opositor", indicó Quiroga.
Bolivia registra este sábado 44 puntos de bloqueo de carreteras en cuatro de sus nueve regiones, en las primeras horas del estado de excepción decretado en la madrugada. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en La Paz hay 19 cortes de rutas; en Cochabamba, 12; en Oruro, 11; y dos en la región oriental de Santa Cruz.
Agentes policiales y maquinaria pesada comenzaron a desplegarse desde temprano para retirar el material usado para cerrar las vías en ciudades como El Alto, una de las más afectadas por las protestas que ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. En Cochabamba también hubo despliegue policial, mientras militares resguardan sectores como Parotani para evitar nuevos cortes. A diferencia de semanas anteriores, en algunos puntos bloqueados ya no hay presencia de manifestantes.
Paz anunció la medida "para liberar las carreteras del país" y aseguró que "no pretende quitar la normalidad, sino devolverla", por lo que su Gobierno mantendrá las puertas "abiertas" al diálogo "de buena fe". El anuncio se produjo horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para "pacificar" el país, rechazado por los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).
Según la Presidencia boliviana, la medida no suspende derechos, pero sí prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. También se dispuso el "apoyo temporal" de las Fuerzas Armadas a la Policía para proteger rutas estratégicas e infraestructura esencial. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aclaró en Bolivia TV que, pese al estado de excepción, "no existe toque de queda en ningún lugar del país".
La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos para exigir la renuncia de Paz, con el respaldo posterior de sectores afines a Morales. El conflicto ha dejado al menos 16 fallecidos -13 de ellos por falta de atención médica oportuna- y pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
