En el último tiempo se han multiplicado en la nación europea los casos de "secuestros virtuales" organizados desde nuestro país.
Las autoridades ibéricas están convencidas de que se trata de "un grupo organizado".
La Policía española incluso lanzó una campaña para alertar a sus ciudadanos sobre esta modalidad delictual.
La Policía Nacional Española y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile se reunieron para estudiar la creación de un grupo especializado en la lucha contra los secuestros virtuales, luego de detectar el incremento de esta clase de delito en el último tiempo.
El jefe del equipo nacional de negociación de la policía nacional de España, Juan Alcolea, señaló a Cooperativa que la coordinación se gestionó luego de que se detectara que "se estaban realizando llamadas desde el prefijo 56, esto nos puso sobre la pista de que en su totalidad las llamadas provenían de Chile".
"Ellos van marcando aleatoriamente un número, si ven que ese no les responde o que ese no tiene un familiar o ningún hijo pequeño o nunca persona que pueda estar secuestrada, pues llaman al siguiente y así sucesivamente. Van cambiando sólo los últimos números hasta que haya alguna persona que pica", agregó.
"Son llamadas telefónicas que hace un recluso desde un centro penitenciario de Chile. Buscan sus víctimas al azar o a través de la información que hay en internet. Entonces llaman a la familia, les dicen que tienen a un familiar secuestrado y proceden a solicitar dinero en efectivo mediante un giro", añadió Luis Tapia, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.
El delito -también conocido como "el cuento del tío"- surgió en Chile por primera vez en 2014 y dio el salto a España al año siguiente. Desde entonces, cada mes de febrero toma especial relevancia, lo que ha provocado que ambos países se planteen aunar esfuerzos, consignó la agencia EFE.
Según informó la autoridad, la mayoría de estos llamados se realiza desde las cárceles de Colina.
"Cuando uno entrevista a los cobradores de dinero, ellos dicen que fueron por instrucciones de tal interno, de tal familiar que está detenido dentro de esos centros penales. Más que bandas, son grupitos pequeños de reclusos que obviamente hacen este tipo de delito y tenemos una gran cantidad de ellos identificados y a los receptores de dineros también. Hasta el momento tenemos uno 15 ó 20 nombres de personas involucradas", indicó Tapia.
Se estima que en España han sido más de mil los afectados y sólo este año van 230 casos con un monto que supera los 50 millones de pesos.
"Se valora la posibilidad de crear un equipo conjunto de investigación, porque hay que actuar muy rápido. Si se realiza el pago, en nada de tiempo se ha cobrado y ya es casi imposible detenerlos", comentó Raúl Fernández Vicente, inspector de la Policía Nacional española.
El oficial agregó que para combatir ese delito se necesita que la PDI "consiga averiguar quién ha cobrado, dónde ha ido ese dinero", y señaló estar "convencido de que es un grupo organizado".
Ancianos son las principales víctimas
Raúl Fernández indicó que el perfil de las víctimas elegidas por los delincuentes ha cambiado en los dos últimos años: "Al principio podía ser cualquiera, luego, a través de varias campañas que hemos realizado en España en medios de comunicación, la población ha ido concientiziándose y el objetivo se desplazado hacia las personas más mayores, porque manejan menos los medios tecnológicos".
Los dos policías indicaron que una vez que el recluso consigue que la familia del supuesto rehén pague, avisa a un familiar o conocido para que recoja el dinero.
"A los que ayudan a los delincuentes los formalizan por delito de estafa, al tener participación activa y efectuar el cobro de dinero teniendo pleno conocimiento de que este dinero procede de España por un delito", resaltó el detective Luis Tapia.
El policía chileno dijo que el objetivo es "que la coordinación" con las autoridades hispanas "sea mucho más inmediata".
"Esperamos que en un momento determinado, cuando se cometa este delito, tengamos la información y podamos identificar al que cobra, detenerle y averiguar qué recluso está detrás de todo", concluyó.
La fiscal Macarena Cañas destacó la gravedad de este tipo de delitos, pues "las personas actúan no por un engaño simplemente, actúan absolutamente intimidadas, aterradas de que va a ser real la amenaza".
"Hay un grupo de personas que nosotros estimamos que han determinado esta forma de cometer el delito. Están vinculada alguna de ellas a recintos penitenciarios. Luego hay una red de personas que le colaboran precisamente para recuperar el dinero cuando es remitido mediante correos privados y una red de personas que también aportan otro tipo de medios en un grupo no menor. Las formalizaciones se van a pedir en poco tiempo más", puntualizó.
