La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, conocerá mañana lunes la decisión del tribunal especial que juzga su presunta "negligencia" cuando era ministra de Economía de Francia en la concesión de una multimillonaria indemnización al empresario Bernard Tapie.
En manos de tres jueces profesionales y 12 parlamentarios de la Corte de Justicia de la República está su suerte, acusada de un delito que en Francia puede ser penado con hasta un año de cárcel sin cumplimiento y 15.000 euros de multa.
Aunque todo apunta a que será absuelta, porque la Fiscalía no ha pedido que se le condene y no hay ninguna acusación particular, también es posible que los magistrados decidan reconocer su culpabilidad y dispensarle de pena.
Lagarde se juega su futuro al frente del FMI, cuyo comité director, de 24 miembros, espera en EE.UU. para reunirse nada más conocer la sentencia y donde la propia ex ministra tiene previsto viajar al término de la vista, programada a las 15.00 horas francesa (11.00 hora de Chile).
A lo largo de los cinco días que ha durado el juicio, que comenzó el pasado lunes, Lagarde ha tenido que escuchar varios testimonios que ponían en causa su actuación en el caso Tapie.
El caso Tapie
La entonces ministra accedió en 2007 a que fuera un arbitraje privado compuesto por tres personas el que decidiera la indemnización que debía pagarse al empresario por la venta de la firma deportiva Adidas por parte del banco Crédit Lyonnais, entonces público, al que había sido adjudicada tras su expropiación.
El que fuera director de la Agencia de Participaciones del Estado Bruno Bézard declaró que ya entonces sus servicios advirtieron de que dejar esa decisión en manos de tres árbitros privados comportaba "riesgos colosales e injustificados".
Lagarde, por su parte, se defendió asegurando que lo ordenó así tras haber "analizado" los riesgos y valorado "las ventajas y los inconvenientes" de las diferentes soluciones propuestas, queriendo acabar con un contencioso iniciado en los '90 y que estaba siendo muy costoso para las arcas del Estado.
Un año más tarde, los árbitros tomaron una decisión que costó al erario público algo más de 400 millones de euros, incluidos 45 millones en concepto de reparación moral para Tapie, decisión anulada por la justicia ordinaria después de que se conociera que uno de los árbitros tenía relación profesional con el abogado de Tapie.
Una circunstancia que Lagarde aseguró desconocer, momento en el que reconoció que no tuvo en consideración "los riesgos de fraude" ligados a su decisión.
