Tras el incidente de 2009 se otorgaron mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, dijo a Cooperativa Aldo González.
Antes de eso el organismo no tenía "ninguna" herramienta para descubrir este tipo de prácticas.
El doctor en Economía Aldo González resaltó este viernes, en conversación con Lo Que Queda del Día, que fue el caso de la colusión de las farmacias, revelado en 2009, el que permitió al día de hoy, dos años más tarde, descubrir un nuevo cartel, emprendido por las principales empresas productoras de carne de ave.
El experto destacó que la Fiscalía Nacional Económica obtuvo las pruebas del delito, detalladas en e-mails y minutas, al "realizar allanamientos en las sedes de las empresas y de la Asociación (de Productores Avícolas de Chile)", organismo gremial que las reúne.
La FNE efectuó esos allanamientos "porque la ley se lo permite, y ¿desde cuándo se lo permite la ley? Desde el año 2009, con la reforma que hubo a la Ley de Competencia producto del caso de colusión en las farmacias. Recién ahí la Fiscalía tuvo las atribuciones de ir a las sedes de las empresas a requisar este material, lo que es fundamental", porque antes de eso el órgano no tenía "ninguna" herramienta para descubrir este tipo de prácticas, salvo "que alguien hubiera filtrado documentos, lo que en la práctica es imposible".
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| El experto destacó que en una economía de mercado siempre se producirán casos como el denunciado. |
En Chile "nadie se va a la cárcel por colusión"
El experto destacó que "el principal efecto de la colusión es que los precios suben o disminuye la variedad o es más difícil que haya nuevos competidores en el mercado. Una de las reglas básicas de funcionamiento de una economía de mercado es que las empresas compiten y fijan sus precios de acuerdo a su propio interés, y no se pueden poner de acuerdo entre ellas".
En un modelo como el chileno, de "una economía de mercado que funciona bajo reglas abiertas, donde no se fijan precios, nos vamos a encontrar con estos problemas" siempre, apuntó González.
"Esto es como la delincuencia: la podemos reducir pero siempre va a haber casos que aparecen, y la solución que uno tiene que tener son los instrumentos legales para que la autoridad actúe, y las sanciones para aplicarlas en caso de que se dictamine que son culpables", agregó.
En cuanto a las sanciones y multas, "a veces la Fiscalía hace el requerimiento a nivel personal (contra los ejecutivos) y otras veces a las empresas. Puede ser a ambos", explicó el economista, que subrayó que "hoy día en Chile no hay sanción penal por colusión. Nadie se va a la cárcel".
Si bien reconoció que él no está "100 por ciento convencido" de la conveniencia de dicha sanción, sí reconoció que "la cárcel es un verdadero disuasivo" contra este delito.
"Si a un ejecutivo lo sancionan con dinero, la empresa podría, de alguna manera, compensarlo, pero cuando uno se va preso, no hay compensación equivalente". De hecho, "en Estados Unidos y en los países anglosajones en general (los responsables) se van presos", concluyó el director académico del Diploma en Regulación y Competencia del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
