Entre los responsables de los crímenes se encuentran Pedro Espinoza Bravo, "número dos" de la DINA, y el exvicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair Oyaneder.
Las víctimas fueron fusiladas en octubre de 1973.
La Corte Suprema condenó a cuatro militares en retiro por el homicidio de 12 personas durante las ejecuciones de la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que asesinó a opositores durante los primeros meses de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ocurridas en Valdivia, Región de Los Ríos.
El máximo tribunal dictaminó el cumplimiento efectivo de 18 años de presidio contra Santiago Sinclair Oyaneder, exvicecomandante en jefe del Ejército, en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio calificado. Como coautor fue condenado Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, que deberá purgar 12 años.
Por su parte, Pedro Octavio Espinoza Bravo, quien fue el segundo al mando de la DINA, la policía secreta de la dictadura comandada por Manuel Contreras, deberá cumplir 10 años de presidio como autor, y Emilio Robert de la Mahotiere González, cinco años y un día de presidio, como cómplice.
"Los fusilamientos comenzaron a ocurrir el día 3 de octubre (de 1973), mismo día en que arribó a la ciudad (de Neltume) una comitiva que encabezaba Sergio Arellano Stark (líder de la 'Caravana de la Muerte') y que la conformaban entre otros, Pedro Espinoza, Juan Chiminelli y Emilio de la Matohiere, los que tomaron conocimiento de los hechos y los dos participaron de los preparativos y en la ejecución de los fusilamientos, como asimismo también otro personal militar que cumplía funciones en la ciudad", determinó la Segunda Sala de la Suprema.
A 50 años del Golpe de Estado, en el país sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura de Pinochet duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
