A su juicio, no se respeta el convenio 169 de la OIT, que establece derechos a favor de los pueblos indígenas.
Director del centro de derechos humanos de la U. Diego Portales conversó con Cooperativa.
El director del centro de derechos humanos de la U. Diego Portales (UDP), Jorge Contesse, que entregó este jueves los resultados del VIII Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, señaló que se detectaron serios cuestionamientos a la Corte Suprema en la defensa de los derechos indígenas.
El experto apuntó especialmente a la Tercera Sala del máximo tribunal, donde a su juicio, no se respeta el convenio 169 de la OIT, que establece derechos a favor de los pueblos indígenas.
"Al momento de recibir casos, en los cuales las Cortes de Apelaciones del sur del país han dado implementación a las normas de este tratado, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha eliminado toda referencia a ese tratado, desconociendo las obligaciones internacionales que pesan sobre el país", señaló.
El experto añadió que "uno advierte que hay intención en la Corte Suprema de avanzar en derechos humanos, pero al momento de fallar, hay problemas serios de interpretación jurídica".
Por otra parte, apuntó a la misma sala del tribunal sobre la denegación constante de reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
"Nosotros revisamos las sentencias (de la Tercera Sala) y lo que se detecta es que los fallos son idénticos, es como si fuera un formulario para rechazar las acciones judiciales que buscan la indemnización de perjuicios, por reparaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura", manifestó.
Violencia policial
Jorge Contesse, además, explicó que en el informe de derechos humanos de la UDP se detectó un aumento en los casos de violencia policial y que las investigaciones sumarias de las instituciones policiales, sobre todo de Carabineros, son insuficientes.
"El ejemplo es el caso del comunero Jaime Mendoza Collío, que en la investigación de la institución se determinó que no había ningún tipo de responsabilidad de algún funcionario, pero la Fiscalía Militar acusa a un funcionario, pide 15 años de cárcel y no solo eso, acredita la existencia de un montaje", señaló.
El experto sostuvo que pese a que las autoridades de la institución señalaron que el eventual montaje es una práctica excepcional en Carabineros, "el informe detecta al menos otro caso en que Carabineros simula un asalto para esconder la agresión que hacen contra un ciudadano, Luis Nilo".
"Esto pueden ser prácticas inusuales, pero no se aprecia una respuesta enérgica de parte de los altos mandos. En cualquier otra sociedad, acreditado un montaje policial, se presentaría la renuncia de los responsables y aquí no ha pasado nada y eso es preocupante", concluyó.
