El exteniente chileno Pedro Barrientos, que en 2016 fue hallado "responsable" en una corte de EE.UU. de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor Víctor Jara, será deportado a Chile como cualquier indocumentado, explicó este jueves a EFE la abogada Almudena Bernabeu.
La experta, que lideró el equipo que presentó el caso civil en una corte de Orlando, en Florida, recordó que Barrientos fue despojado de la ciudadanía estadounidense como consecuencia del fallo adverso y por ello será expulsado de Estados Unidos al quedar indocumentado.
Bernabeu encabezó la acusación del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, que presentó en 2013 la demanda civil contra Barrientos bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.
La abogada, que ya no está vinculada con el CJA, precisó que en este caso no se trata de una extradición.
Barrientos está en manos de las autoridades migratorias, las cuales no informan de la fecha de expulsión hasta después de que se haga efectiva, según explicó a EFE un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami.
El exmilitar fue arrestado en octubre pasado en la ciudad de Deltona, en la costa noreste de Florida, en relación con "su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales tras el golpe militar de 1973" en Chile.
CIUDADANÍA ADQUIRIDA DE FORMA ILEGAL
En julio pasado un juez estadounidense despojó de la ciudadanía estadounidense a Barrientos por "ocultar intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración".
Según el expediente judicial, Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque carecía de buen carácter moral al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales.
En 2016 un jurado de un tribunal federal en Orlando (centro de Florida) había responsabilizado al exmilitar de la "tortura y el asesinato" de Jara, tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.
Barrientos, que se encuentra bajo custodia de ICE, "tendrá que responder a los cargos que enfrenta en Chile por su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos", según informó en su momento la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa.
Según los documentos judiciales, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.
Barrientos contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.
Igualmente negó que hubiera participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
