Los cinco quedaron detenidos en el batallón de Policía Militar en Peñalolén.
Mientras que los otros dos que aún no son capturados, serán trasladados a Santiago desde Valdivia y Punta Arenas.
Se pedirá que se cite a declarar a todos los conscriptos que estuvieron presentes al momento de los hechos en julio de 1986.
Por más de nueve horas se extendió el interrogatorio a cinco de los siete militares en retiro detenidos por su presunta participación en el ataque incendiario que provocó la muerte del joven fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, de 19 años, y que dejó con graves quemaduras a Carmen Gloria Quintana, de 18 años, en julio de 1986.
Los cinco militares quedaron detenidos en el batallón de Policía Militar, ubicado en la comuna de Peñalolén, a la espera de la decisión que tomará el ministro en visita Mario Carroza, quien lideró esta primera etapa de diligencias tras reactivar la investigación del caso "quemados vivos" luego del testimonio que prestó el ex conscripto Fernando Guzmán.
Este último integró la patrulla militar de la dictadura involucrada en este crimen y rompió el "pacto de silencio" tras 29 años de producidos estos hechos.
Respecto a las declaraciones de estos cinco detenidos, Carroza dijo que no concuerdan con lo dicho por el ex conscripto respecto al rol que tuvieron durante la jornada del crimen y recalcó que los nuevos antecedentes podrían que se trata de un homicidio como un delito de lesa humanidad. Las penas podrían partir en 10 años de cárcel.
"Se han mantenido en lo que ya han manifestado, pero sí hay ciertos puntos que se han corroborado como el hecho de que sí estaban ahí, que sí efectivamente sabían el grado de lesiones que mantenían ambos, que no les prestaron auxilio", dijo Carroza.
Consultado sobre si ratifican lo dicho por Guzmán, el ministro en visita respondió que "en general, no. Por eso es que se requieren otras diligencias. Estamos dentro del concepto de lo que es los DDHH, son hechos que son imprescriptibles. Las penas, si son homicidio calificado, son de 10 años y un día de presidio".
En tanto, sobre los otros dos militares en retiro sobre los que pesa la orden de detención, Sergio Hernández se encuentra en Valdivia y Julio Castañer está en Punta Arenas.
Ambos serán trasladados a Santiago para ponerlos a disposición del ministro en visita para que también se les tome declaración y definir un eventual procesamiento.
Respecto a futuras diligencias, desde el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior señalaron que van a pedir que se cite a declarar a todos los conscriptos que estuvieron presentes al momento de los hechos en julio de 1986.
